Una vez se concretó la salida del exgerente de Petroecuador Álex Bravo del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Santo Domingo de los Tsháchilas bajo régimen semiabierto, al cumplir más del 60 % de la pena unificada de cien meses de cárcel, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, busca que el juez que otorgó el cambio de régimen penitenciario le ordene al condenado que pague lo definido en cada una de las sentencias judiciales.