La búsqueda de soluciones a los problemas que atraviesan seis concursos públicos para renovar autoridades de control quedó en segundo plano, mientras que un bloque de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se volcó a atender quejas y denuncias de colectivos sociales impulsados en contra de altos funcionarios, que podrían derivar en procesos judiciales que los asumiría su Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.