¿Por qué el cargo de contralor general del Estado es tan apetecido? Aquí las funciones y atribuciones de esta institución

El proceso de elección del nuevo contralor general del Estado, que debía haber concluido en marzo del 2022, se ha dilatado por 17 meses a causa de manejos políticos y jurídicos impulsados por sectores políticos y económicos interesados en captar esa dignidad, según han señalando analistas políticos.Esto porque ese organismo, según lo estipula el artículo 211 de la Constitución, es el ente “encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”.El mismo apartado dice que este debe ser un “organismo técnico”, no político. Algo que no se ha cumplido, insisten los analistas.En el artículo siguiente, el 212, se enlistan las principales funciones de la Contraloría. Aquí constan cuatro :1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos.2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado.3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones.4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se lo solicite.Esto se complementa con otras 36 que están en el artículo 31 de la Ley de la Contraloría General del Estado, según la cual sus funciones y atribuciones son:1. Practicar auditoría externa, en cualquiera de sus clases o modalidades, por sí o mediante la utilización de compañías privadas de auditoría, a todas las instituciones del Estado, corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria esté integrado, con recursos públicos, a las empresas adscritas a una institución del Estado, o que se hubieren constituido mediante ley, ordenanza o decreto, así como, en el ámbito de su competencia, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).2. Examinar los ingresos públicos, provenientes de diferentes fuentes de financiamiento. El control de ingresos no interferirá en las facultades reglamentaria, determinadora, resolutiva, sancionadora, recaudadora y otras propias de la administración tributaria.3. Examinar los gastos, inversiones, utilización, administración y custodia de recursos públicos.4. Examinar y evaluar en términos de costo y tiempo la legalidad, economía, efectividad, eficacia y transparencia de la gestión pública.5. Examinar y evaluar el sistema de control interno de cada una de las instituciones sujetas a su control.6. Ejercer la función fiscalizadora en las instituciones del Estado, mediante la predeterminación o glosa y la determinación, para la oportuna protección y seguridad de los recursos públicos.7. Identificar y evaluar los procedimientos internos de prevención contra actos de corrupción en las entidades sujetas a su control.8. Evaluar las labores de auditoría externa efectuadas por compañías privadas de auditoría.9. Exigir y examinar las declaraciones patrimoniales juramentadas e investigar los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito, en armonía con lo preceptuado en el artículo 122 (231) de la Constitución Política de la República, de acuerdo a las regulaciones que se dicten para el efecto, y notificar a los organismos electorales o a la autoridad nominadora correspondiente los casos de incumplimiento de las normas vigentes, para que se adopten las medidas legales pertinentes, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General del Estado en esta materia.Tratándose de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ministro fiscal general del Estado, miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, ministros de cortes superiores y tribunales distritales, conjueces de las cortes de justicia, jueces de instancia, fiscales, registradores de la propiedad, notarios, titulares y suplentes, autoridades, funcionarios y servidores del Servicio de Rentas Internas y Corporación Aduanera Ecuatoriana, Agencia de Garantía y Depósitos y demás autoridades, funcionarios y servidores incluidos en otras leyes, la declaración patrimonial juramentada deberá ser presentada a la Contraloría General del Estado al inicio y al finalizar sus funciones y cada dos años, acompañando en este caso un historial de los bienes adquiridos y transferidos durante ese lapso; o, en un periodo menor al señalado, cuando se separen de sus funciones en forma anticipada por cualquier causa. La investigación patrimonial se hará extensiva a los parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y al cónyuge del funcionario declarante.10. Evaluar los costos de los estudios, prestación de servicios, adquisición de bienes y construcción de obras de las instituciones del Estado.11. Registrar las cauciones rendidas por los servidores públicos a favor de las respectivas instituciones del Estado.12. Exigir el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de auditoría, exámenes especiales y la aplicación de responsabilidades administrativas y civiles culposas.13. Decidir la intervención como parte en los juicios civiles, penales, contencioso administrativos y otros relacionados con el manejo de los recursos públicos que son objeto de control. La intervención del contralor general no exime la responsabilidad del funcionario a quien las leyes confieran la representación correspondiente.14. Evaluar el sistema de control interno administrativo y económico de la Función Judicial. En los procesos que se relacionen con recursos públicos podrá, únicamente a pedido del presidente de la Corte Suprema de Justicia, realizar su control para evitar o sancionar, de ser el caso, la comisión de irregularidades. El ejercicio de este control no interferirá con la potestad judicial y la administración de la justicia.15. Actuar coordinadamente con el Ministerio Público para iniciar y proseguir los juicios penales relacionados con delitos en el manejo de los recursos públicos. Los funcionarios actuantes de la Contraloría General del Estado que, en ejercicio indebido de sus facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros serán civil y penalmente responsables.16. Llevar un registro público de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos de todos los contratos que celebren las instituciones del sector público, con base en la solicitud y resolución emitida por la respectiva entidad contratante.17. Juzgar y examinar los fondos reservados destinados a la seguridad nacional, en armonía con lo establecido en la Constitución Política de la República y según las regulaciones que se dicten para el efecto.18. Emitir opinión profesional respecto de los estados financieros consolidados de las instituciones del Estado, que el Ministerio de Economía y Finanzas o el organismo que haga sus veces presentará anualmente al Congreso Nacional. Esta opinión será puesta en conocimiento de la Legislatura.19. Informar anualmente al Congreso Nacional y al presidente de la República sobre las labores de control del ejercicio fiscal precedente.20. Evaluar los resultados de consultorías, asesorías y transferencia de tecnología, nacional e internacional, cuando estas signifiquen egresos de recursos públicos.21. Dictar regulaciones de carácter general para la práctica de la auditoría gubernamental; la determinación de las responsabilidades de que trata esta ley; el control de la administración de bienes del sector público; y las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.22. Emitir y actualizar para su funcionamiento interno los reglamentos: orgánico funcional; de administración de personal de su competencia, que incluirá la escala de remuneraciones mensuales unificadas y el régimen propio de remuneraciones; y los demás que fueren necesarios.23. Capacitar a los servidores públicos y personas que lo soliciten en las diversas modalidades de control y auditoría de recursos públicos.24. Asesorar obligatoriamente a las instituciones del Estado y a las personas jurídicas de derecho privado sometidas a su control, a petición de estas, sin que la asesoría implique vinculación en la toma de decisiones; y generar un banco de datos sobre información de absolución de consultas y de los criterios institucionales adoptados por el contralor general.25. Contratar los servicios profesionales, cuando se trate de asuntos de interés institucional que requieran de experiencia o conocimientos especializados.26. Controlar la legalidad de los procesos en los cuales el Estado delegue o concesione sus facultades al sector privado, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de la República y la ley.27. Realizar el seguimiento y control continuos de las obras públicas en sus diferentes fases o etapas o en cada una de ellas, hasta su ejecución total; de los ingresos, gastos e inversiones; de la utilización de recursos; de la administración y custodia de bienes que tengan carácter público. Tal clase de control por ningún concepto constituirá participación o autorización de actos administrativos, los cuales son de responsabilidad de la institución o entidad sujeta a examen.28. Auditar todo financiamiento internacional otorgado a favor de las instituciones del Estado, con arreglo a las normas de auditoría de la Contraloría General del Estado y de las de la entidad financiadora, incluyendo las operaciones de ajuste estructural y el destino último de los créditos o préstamos concedidos para el país.29. Pronunciarse sobre los aspectos de legalidad, economía, eficiencia, efectividad y transparencia en el empleo de los recursos y bienes públicos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ambientales, de tiempo y sobre los resultados de la gestión institucional.30. Requerir a las instituciones del Estado estudios técnicos del ámbito de su competencia, proforma del presupuesto general del Estado, anexo de ingresos, informe sobre la situación económica y fiscal del país, datos estadísticos, informes y otros documentos del sector público que permitan cumplir con las atribuciones y funciones que constan en la presente ley.31. Ejercer la coactiva para la recaudación de sus propios créditos; y de las instituciones y empresas que no tengan capacidad legal para ejercer la coactiva, en concordancia con lo previsto en el artículo 57 de esta ley.32. Disponer la baja de los títulos de crédito cuya recaudación le corresponda a la Contraloría General del Estado, siempre y cuando se demuestre que se hubieren hecho incobrables y cuya cuantía, incluidos los intereses, no supere los cuarenta dólares.33. Establecer responsabilidades individuales administrativas, por quebrantamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de las normas de que trata esta ley; responsabilidades civiles culposas, por el perjuicio económico sufrido por la entidad u organismo respectivo, a causa de la acción u omisión de sus servidores, e indicios de responsabilidad penal, mediante la determinación de hechos incriminados por la ley.34. Una vez ejecutoriada la resolución que establezca la responsabilidad civil culposa, solicitar al juez correspondiente que dicte medidas cautelares civiles en contra de la autoridad, dignatario, funcionario o servidor público responsable, a fin de garantizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y precautelar los intereses públicos.35. Observar los derechos constitucionales individuales y las garantías del debido proceso en los informes que emita.36. Ejercer las demás competencias, atribuciones y funciones que le confieran la Constitución Política de la República, la ley y los reglamentos.En otros cuerpos legales también se mencionan otras funciones de la institución. En el artículo 294.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tipifica el delito de sobreprecios en contratación pública.“Las o los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado; o, los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años. El informe de la Contraloría General del Estado que determina la existencia del sobreprecio en contratación pública, deberá ser otorgado por dicha entidad, en el plazo máximo de quince días contados a partir de la fecha de la solicitud efectuada por la o el fiscal”.La elección del contralor está en manos de una Comisión Ciudadana de Selección integrada por delegados de las funciones del Estado y de la ciudadanía, que realiza un concurso de oposición y méritos. La integración de este cuerpo colegiado, a su vez, es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, el analista político Juan Rivadeneira, y el constitucionalista José Chalco-Salgado señalan que la Contraloría General es un organismo clave para la vida republicana del país que controla el uso y el destino de los fondos públicos.Rodas piensa que la constructora Odebrecht y otros grupos políticos y económicos están interesados en “poner tierra” a sus actos de corrupción, y por ello necesitan un contralor o contralora que les garantice la impunidad. “Esa es su codicia fundamental, y por eso han manipulado, desviado el rol que debían cumplir el Consejo de Participación Ciudadana y la Comisión de Selección (...). Es evidente que en la última semana se han manipulado puntajes para favorecer a candidatos que han sido cercanos a Odebrecht”, indicó. Rivadeneira comenta que el cálculo político ha sido recurrente en la nominación de este funcionario en las dos décadas. “Para quienes desean ser poder, interesaría ese espacio para limitar el examen o posibles glosas derivadas de sus actuaciones. Para quienes están en el poder -ya sea nacional o local-, podría interesar esa posición ante el inminente examen a sus administraciones... Además, el mal uso del poder que confiere esta dignidad, podría ser utilizado para ataques o venganzas políticas”, expresa.“Tomarse este puesto, en este momento, es fundamental para dudosos intereses. Y digo ‘dudosos’ porque no son los intereses claros de un Estado constitucional, de respeto a las normas. Se ve que son dudosos por ese cambio sistemático del reglamento del concurso, por ese deseo atropellado de llevar adelante un proceso de manera atentatoria a las normas legales y constitucionales... A este cargo deberían acceder personas serias y respetuosas del derecho. Estos intentos deslegitiman el concurso”, reflexiona Chalco-Salgado. (I)

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