Por el sí en la pregunta K: Luis Simbaña Bone, presidente de Amaru, cree que la consulta ayudará a reafirmar lo que la Asamblea aprobó

La Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (Amaru) se inscribió en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para apoyar el Sí a las once preguntas de la consulta popular y referéndum propuestos por el jefe del Gobierno, Daniel Noboa Azín.Luis Simbaña Bone, presidente del movimiento social, considera que esta iniciativa ayudará a luchar contra la corrupción y no caer en el chantaje de grupos interesados.En el caso de que esta iniciativa tenga el respaldo popular, Simbaña cree que la sociedad civil deberá estar vigilante de que el Consejo de la Judicatura emita los reglamentos pertinentes para su aplicación, así también que la ciudadanía forme veedurías. El dirigente convoca a la ciudadanía a decir Sí el próximo 21 de abril a todo el cuestionario. ¿Por qué decirle Sí a la pregunta K para reformar la ley de extinción de dominio y simplificar el procedimiento de su aplicación? Para Amaru esta pregunta es de vital importancia porque hay un sinnúmero de bienes que están embodegados improductivos, que han sido incautados por temas ilícitos de varia índole a nivel nacional y que puedan ser reutilizados por el Estado para temas de infraestructura social o recuperar esos dineros mediante subastas para que puedan ser invertidos en los programas sociales para la niñez o para la educación. ¿Se ha discutido en su organización esta pregunta y los beneficios que usted ha mencionado? ¿Se entiende el objetivo? Hay muchísima gente que está informada. Nosotros apoyamos esta pregunta porque tiempo atrás se estaba discutiendo sobre la extinción de dominio en la Asamblea Nacional. Sin embargo, creemos que no pudimos arribar a buen puerto porque este asunto no es nuevo o es algo que recién salta por esto de la consulta popular. Es decir, esto es algo que se ha venido hablando desde hace muchos años atrás sobre estos bienes mal habidos o dineros mal habidos que reposan en bancos privados o en la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Hace pocos meses la Función Legislativa aprobó reformas a la ley de extinción de dominio y el presidente Noboa emitió el reglamento a esa norma. En ese caso, ¿cuál cree será el efecto que va a tener en la práctica esta pregunta? Esta pregunta lo que hace es reafirmar lo que el Legislativo ha hecho. Lo reafirma. La Asamblea ha sido un poco lenta en cuanto a estos procesos, porque insisto, no es un tema de ahora, sino de hace muchos años atrás que se viene discutiendo. Pero, esto es como legitimar este proceso de extinción de dominio a través del pronunciamiento de la población. En en el caso de que gane el Sí, el Ejecutivo enviaría un nuevo paquete de reformas a la ley de extinción de dominio a la Asamblea. ¿Qué cree usted que podría ampliarse? Como decía, lo importante es legitimarlo. En el ámbito jurídico, el presidente de la República deberá prever los reparos necesarios para mejorar los mecanismos cuando se incautan bienes mal habidos en el país. Considero que deben precisarse esos mecanismos, porque de pronto incautan algo y un juez a los próximos días va a devolverlos, como es lo que ha venido ocurriendo. Este es un tema ligado también a la Función Judicial, al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía. Deberá tener coherencia con todo el aparataje del sistema judicial. ¿Cómo va a dar seguimiento el movimiento Amaru al cumplimiento de esta pregunta? Así como nos hemos inscrito para hacer campaña electoral, no es que después de las elecciones vamos a dejar de lado, no. Vamos a dar seguimiento a los procedimientos que realiza el Ejecutivo, la Función Judicial para que sean coherentes y ligados al sistema judicial. Porque sino, se habrá usado todo el aparataje de una consulta en vano. Hay que presionar con acciones pertinentes para pedir que se elaboren y diseñen los instrumentos jurídicos que surtan los efectos necesarios. ¿Cree que, poniendo el debate de la extinción de dominio en una consulta popular, habrá un cambio en los operadores judiciales? Es lo que reafirma la voluntad popular de ganar el Sí y esa pregunta en particular, porque en la actualidad hay un bien ilícito y a los siguientes días un juez determina que deben de devolverlo. Entonces, con la ley en mano, con el reglamento, con esta legitimidad que da el pueblo ecuatoriano, que se creen los mecanismos adecuados de parte del Ejecutivo, esto podrá avanzar y llegar a buen puerto. Porque si tenemos una ley, una consulta popular y no se hace una reingeniería de las normas de aplicabilidad de la justicia, no vamos a avanzar mucho. ¿Qué harán si gana el Sí? Esto nos convoca a estar vigilantes, que en el Consejo de la Judicatura se emitan los reglamentos pertinentes, necesarios, legales para que la extinción de dominio se aplique. Es deber de la ciudadanía estar vigilantes y crear veedurías para que se aplique lo propuesto en las once preguntas. Entendemos que los resultados no serán de aplicación inmediata, sino que van a tomar un tiempo. Pero habrá que estar vigilantes. (I)

Por el sí en la pregunta K: Luis Simbaña Bone, presidente de Amaru, cree que la consulta ayudará a reafirmar lo que la Asamblea aprobó

Por el no en la pregunta K: Leonidas Iza, presidente de la Conaie, señala que la extinción de dominio de bienes ilícitos no necesita de una consulta popular

Por el Sí en la pregunta I: Gonzalo Muñoz, abogado, reflexiona que si se aprueba la tipificación de armas de uso de la fuerza pública, el proyecto de ley que llegue a la Asamblea debe ceñirse al tema

Por el No en la pregunta I: Carla Álvarez, investigadora, el empleo de armas de uso de las FF. AA. y Policía ya está resuelto en la vía jurídica del país

Por el No en la pregunta H: Daniel Kuri, abogado penalista, señala que aumentar los delitos que no acceden a beneficios penitenciarios no va a resolver el real problema de la delincuencia

Por el Sí en la pregunta H: César Eduardo García, del Colegio de Abogados del Guayas, afirma que aumentar los delitos que no accederán a beneficios penitenciarios es una medida adecuada del Gobierno

Por el no en la pregunta G: Fernando Bastias, activista de derechos humanos, cree que el aumento de penas no disuadirá a los delincuentes de cometer delitos

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