El enredo jurídico alrededor del juicio político en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador, continúa. La tarde del jueves 21 de abril, el pleno de la Asamblea Nacional resolvió devolver el proceso a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que verifique si se cumplen los requisitos para llevar adelante el juzgamiento.