Patricia Ochoa: El juez no se tomó el tiempo de revisar lo que la Fiscalía entregó, no solo se trata de $ 45 millones, se trata de que lo que adquirieron no estuvo al nivel de lo que se pidió

Patricia Ochoa, viuda del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, asesinado en el 2010, vio con preocupación el auto de sobreseimiento que dictó el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera a 18 personas procesadas, entre ellas exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, a quienes se investigaba por un presunto peculado en la compra de siete helicópteros Dhruv en el 2008 para uso de la FAE. Recordó que esos helicópteros presentaban fallas técnicas y que ello hizo que cuatro de los siete se accidentaran, lo que causó tres militares muertos y varios heridos. “Todo lo que habló Jorge Gabela se cumplió”, sentenció Ochoa, al referir las denuncias que hizo su esposo de que hubo irregularidades en esa adquisición. Ochoa también se refirió al avance en la reconstrucción de un tercer producto, como parte de una investigación forense que contrató un comité interinstitucional que creó el expresidente Rafael Correa en el 2012 para que aclarara los hechos alrededor del asesinato de Gabela. Espera que la sentencia de la Corte Constitucional, para que este informe se vuelva a elaborar, se cumpla y permita “descubrir la verdad”.

¿Cómo recibió la noticia del auto de sobreseimiento a 18 personas por presunto peculado en la compra de los Dhruv, en el que el juez Luis Rivera no encontró elementos para llamarlos a juicio?

Para mí está claro: la justicia no es igual para todos. Después de ver esto y cuando se lee la hoja de vida del juez, es que fue funcionario de la Secretaría de Transparencia de Gestión, por lo que creo, no digo que él participó en la investigación del caso Gabela, pero, por ética, él debió haberse excusado. Porque entre el 2013 y el 2015, en que me hacen entrega de un tercer informe forjado, ese comité interinstitucional seguía funcionando con todos los integrantes, y uno de esos era la Secretaría de Transparencia y Gestión.

Si bien este caso trata un delito por peculado, se articula al caso de su esposo, que denunció irregularidades. ¿Qué futuro ve ahora que el juez dice que no hubo delito?

Creo que el juez no se tomó el tiempo de revisar todo lo que la Fiscalía entregó. No solo se trata de $ 45 millones… Se trata de que lo que adquirieron no estuvo al nivel de lo que se comprometió a entregar la empresa adjudicada. Más aún cuando se pedían certificaciones que no tenían, cuando la misma Contraloría General del Estado observó que tenían motores de otros años. Dice que se recuperó todo el dinero, pero hay informes de la FAE que reseñan que luego de pocas horas de vuelo de esos aparatos tenían pernos y tuercas rotas. Se murieron seres humanos por una mala contratación. La contratación pública es clara cuando se dice que, cuando uno pide algo, debe entregarse tal cual se lo pidió. Y eso decía Jorge Gabela: si uno dice que el carro tenga ruedas cuadradas, tienen que entregar ruedas cuadradas. Se cayeron los helicópteros y todavía seguían entregando cosas. Hicieron canibalización de esos helicópteros porque no encontraban los repuestos. Todo lo que habló Jorge Gabela se cumplió.

Hay una coyuntura política y electoral en la que exministros del gobierno de Rafael Correa están como candidatos a asambleístas y se dio el auto del juez Rivera. ¿Hacia dónde se camina?

Es un hecho que lo único que buscan es impunidad. Pero la justicia divina es grande, y lo que nos queda a los ecuatorianos después de ver a los jueces es la justicia divina. Ojalá que Dios tenga compasión de los involucrados. No sé qué conciencia tendrán, si podrán dormir en las noches sabiendo que gente murió en esos accidentes; hay gente que quedó discapacitada por esos helicópteros…

De forma paralela, en la reconstrucción del tercer producto sobre la investigación del crimen de su esposo, usted recibió información de la Presidencia de la República sobre la que expresó su inconformidad. ¿Qué no encontró?

La Presidencia de la República debe entregar la documentación a la Defensoría del Pueblo que logren obtener. Yo recibí una sola acta, pero recuerdo que, cuando fue a declarar una exfuncionaria del Ministerio de Justicia a la comisión multipartidista de la Asamblea Nacional en el 2018, Geovanna Palacios, ella entregó algunas actas y hasta pidió protección para hacerlo. Recuerdo que eran 38 actas, y eso fue en un acto público. Esas actas no las tenemos, y la única acta que llegó es de una entrevista que mantuve con la exministra de Justicia Johanna Pesántez en Guayaquil, en donde me preguntan todo lo que sucedió el día que le dispararon a mi esposo.

¿No recibió nada más?

No recibí nada más. Ni de lo que se entregó en la Asamblea en el 2018 tampoco se entregó nada. La única que entregó actas fue Geovanna Palacios, que había tenido unas 38 actas de más de 75 reuniones que se tuvo en el comité interinstitucional; y se supone que, si tuvieron ese número de reuniones, debería haber esas actas. Lo que hay es hojas de asistencia; por eso conocemos que en algunas reuniones hubo personal de la Secretaría de Inteligencia y un delegado del entonces presidente de la República (Rafael Correa) que, según dijo el exministro de Justicia Lenin Lara, socializó nombres de los que estaban en el tercer producto. La sentencia de la Corte se da porque en el 2018 se presentó en la justicia un recurso de acceso a la información, porque el expresidente Correa dijo en el 2015 que a él le habían entregado el informe, y me imagino que el informe se basó en la documentación que le entregaron, y esos documentos tenían que reposar en la Presidencia. Pero, cuando se hace esta acción de acceso a la información, envían una respuesta de que no se encuentra ninguna documentación del caso Gabela. Comienzan a buscar y fue así que entregan un informe, que es uno que no tiene firma ni sumilla del perito. Pero lo que sí llegó es el primero y segundo producto, que está firmado por el perito.

¿Qué implicaciones tiene este detalle documental para la reconstrucción de ese tercer producto?

Después de las conclusiones del segundo producto, que señala que hubo crimen organizado y por eso pasa a la siguiente fase, me sorprende, y le sorprendió a la misma Corte Constitucional, que entreguen un informe sin firma ni sumilla diciendo “delito común”. Yo pedí reunirme con la exministra María Paula Romo, que estaba encargada del Ministerio de Justicia, y encontré un oficio y seis o siete informes del perito Meza de 23, 35, 45, 75 hojas, y todos tenían ese logo de la consultoría de Meza y abajo su número de teléfono y el correo electrónico… Tenían correcciones en los márgenes, y encuentro adjunto un oficio firmado por la exviceministra de Justicia Nadia Ruiz que, con fecha septiembre del 2014, pedía hacer observaciones a todos los viceministros que conformaron el comité. Eso me llamó la atención, y ahora más, al confirmar que desde la Secretaría de Transparencia y Gestión se encuentran tres informes sin firma ni sumilla en los cuales también tienen conclusiones de que es delito común.

Esas actas que faltan y los varios informes que la tienen inconforme ¿podrían cambiar el curso de la investigación?

En cada reunión de ese comité hubo conversaciones. ¿De qué se habló en esas reuniones? En una reunión que tuvimos con el exministro Homero Arellano y Johanna Pesántez, ahí la doctora le llamó la atención a su representante en el comité por haberme dicho que estaba descartado el delito común. Esto es importante, porque luego siempre dicen que no, que fue delito común. Esto pese que a mí me dijeron que estaba descartado el delito común. En septiembre del 2013, le envié una carta al señor Correa y le dije que están descartando el delito común, que me haga llegar una copia del informe, y nunca tuve respuesta. Al contrario, la carta la remitieron al comité y, con la misma excusa de que solo el presidente Correa podía informarme, nunca me quisieron decir nada.

¿Eso qué le hace concluir?

Que hubo funcionarios del Estado que manipularon tanto el informe, que hicieron tantos informes que ni ellos mismos saben qué es verdad y qué es mentira. A uno de los ministros que integraron el comité, el exministro del Interior José Serrano, le pregunté por qué había esa cantidad de informes, y él me respondió que eran avances que el perito hacía. Le dije que era raro que en el avance de una investigación tenga conclusiones. Dejó de escribirme.

Con la conformación de esta comisión de coordinación con el perito Meza, que adelantó que se encontraron varios informes y documentos faltantes, ¿cree posible que se reconstruya ese tercer producto?

Es una buena oportunidad para el caso Gabela, y lo que veo alrededor de eso es a exfuncionarios del Estado que, a toda costa, quieren impedir que se llegue a la verdad malinformando a la gente… Pero, cuando se descubra la verdad, van a quedar mal de ver tanta infamia que se hizo con la familia Gabela al entregar documentos sin firmas.

El perito ha dicho que en 60 días entregaría el tercer producto, y el gobierno de Guillermo Lasso terminará en pocos meses. ¿Habrá tiempo antes de que llegue un nuevo Gobierno que pudiera dar un giro al caso?

Creo que antes de que termine el gobierno de Lasso se entregará el informe. Tengo esperanzas de que me entreguen una copia, ahora sí con firma y sumilla, y tendré 20 días para ver en qué estoy de acuerdo y en qué no. Siempre dicen que el caso Gabela es “cortina de humo”… Me pregunto si los jueces de la Corte Constitucional tenían una varita mágica para saber que el señor Lasso iba a decretar la muerte cruzada. Lo que hacen estas personas que tuvieron mucho poder en ese gobierno es confundir, y no se dan cuenta de que caen en contradicciones. El mismo expresidente Correa dijo que nunca sabía nada, y ahora divulga un supuesto tercer informe que dice “delito común”. Es de sorprenderse de las cosas que pasan. No sé a qué le temen o a qué le tienen tanto miedo. No sé si al hecho de haber elaborado tantos informes del perito Meza. (I)