Un segundo pedido de medidas cautelares se presentó, este 20 de junio, con el propósito de que se suspenda la sesión plenaria de la Asamblea Nacional 779, donde se incluye el trámite de la solicitud de derogatoria del Decreto Ejecutivo 455, que declara el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi.
El trámite de esta acción judicial recayó en el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, integrada por los jueces Luis Monosalvas Sandoval como ponente, Azucena Ruiz y Edmundo Samaniego.
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Una primera acción la presentó el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, con el objetivo de que la Asamblea no tramite el punto dos de la agenda legislativa convocada para este 20 de junio a las 17:15. Este pedido de medidas cautelares será tramitada por la Unidad Judicial de Contravenciones Penales y de Tránsito Tumbaco conformada por la jueza Mónica Freire Cuesta.
Castillo tras presentar la medida cautelar explicó que el objetivo es impedir que la Asamblea se instale esta tarde, en la que “los asambleístas del correísmo y Pachakutik” pretenden echar abajo el decreto ejecutivo con el cual se declaró el estado de excepción en la ciudad de Quito”.
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Indicó que Quito merece trabajar y merece paz, y que no permitirán ni que se revienten las llantas de los vehículos ni los edificios públicos como señala el dirigente indígena Leonidas Iza. Convocó a los ciudadanos de capital a reunirse a las 16:00, y dirigirse hacia la Asamblea Nacional para pedir que con la ciudad no van a jugar más.
Reuniones previas
En la mañana, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, mantuvo reuniones con los coordinadores de las bancadas para definir cómo se realizará la sesión plenaria convocada para este lunes a las 17:15.
El edificio donde funciona la Asamblea Nacional permanece resguardado por la fuerza pública. Los parqueaderos externos del edificio están tomados por militares y personal de la Policía Nacional y se colocaron vallas metálicas al ingreso del edificio.
Entre los bloques legislativos existen posiciones divididas respecto al pedido que realizaron 72 firmas de asambleístas de que se derogue el decreto 455.
El legislador Mario Ruiz, del grupo de rebeldes de Pachakutik, denunció la militarización de la Asamblea Nacional, y dijo que eso no los amedrenta.
Ruiz manifestó que respeta el pedido del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, de pedir que no se derogue el estado de excepción, pero que el Parlamento se reunirá y serán los votos los que definan la situación.
El sector de Pachakutik coordinado por Salvador Quishpe, anticipó que respaldará la derogatoria del decreto 455, que esa sería una salida para garantizar el derecho a la protesta social ante la falta de respuestas por parte del Gobierno.
Tercera vía
La Izquierda Democrática a través de su coordinador, Marlon Cadena, planteó una tercera vía frente al decreto 455, donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, modifique el texto del decreto, eliminando la restricción al derecho a la inviolabilidad del domicilio y clarificando, conforme a los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos y las sentencias de la Corte Constitucional.
Proponen que se modifiquen los aspectos relativos al uso de la fuerza en el contexto de la protesta social, en particular en relación con los siguientes temas:
- Prohibición expresa del uso de la fuerza contra quienes ejercen su derecho a la protesta social pacífica.
- Prohibición del uso de armas letales, inclusive con munición de metal recubierta de caucho o de impacto cinético contra los manifestantes.
- Prohibición expresa del uso de armas de fuego con munición letal, recubierta de caucho, de impacto cinético (perdigones) para la dispersión de manifestantes.
- Disposiciones claras de precaución y protección especial a niños, niñas, adolescentes y grupos de atención prioritaria.
- Disposiciones que clarifiquen que el uso de la fuerza se realizará de manera diferenciada e individualizada exclusivamente ante hechos delictivos.
También proponen que se solicite a los organismos internacionales como Naciones Unidas, Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Defensoría del Pueblo participen como mediadores en la mesa de convergencia por la paz social, en la que se convocará al presidente de la República, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), delegados de organizaciones sociales nacionales que han plegado al paro nacional y un delegado de las otras funciones del Estado para buscar soluciones a las demandas sociales y la crisis que atraviesa el país.
Que se conforme una comisión de monitoreo interinstitucional del paro nacional convocando la participación de la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandancia General de la Policía Nacional, Secretaría de Derechos Humanos, Servicio Integrado de Seguridad ECU911, organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, a fin de monitorear el desarrollo de las protestas y evitar la vulneración de derechos de las personas participantes en el paro nacional, ciudadanía y servidoras y servidores de las fuerzas del orden. (I)