Paro nacional: Analistas hacen observaciones a los controles que establece el estado de excepción dictado por Guillermo Lasso

Siete medidas, entre ellas la restricción de derechos, se establecen en el Decreto Ejecutivo 455 que suscribió el presidente de la República, Guillermo Lasso , cuyo objetivo sería establecer controles en el contexto del paro nacional que promueven las organizaciones sociales e indígenas en contra del Gobierno nacional.La noche de este 17 de junio, Lasso anunció la emisión de este decreto al que acompañó varios anuncios de beneficios económicos, para aplacar las convocatorias a radicalizar las jornadas de protesta que se iniciaron el pasado 13 de junio por convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).El estado de excepción regirá por 30 días en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, en donde se han concentrado las manifestaciones con bloqueos viales y enfrentamientos con la Policía Nacional.Como primer punto, el régimen declaró a la ciudad de Quito zona de seguridad, en la que las Fuerzas Armadas deberán integrar una Fuerza de Tarea conjunta.Con esto, las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional en las acciones de despliegues de operativos para diluir manifestaciones.Articulado a esto, el artículo 10 del decreto permite a la fuerza pública ejercer el uso progresivo de la fuerza.Se aclara que esta dependerá del peligro o amenaza al que se encuentren expuestos los servidores, las personas y los bienes, el nivel de agresión o resistencia.“La fuerza deberá usarse a efecto de neutralizar las actuaciones antijurídicas, violencia, agresión letal de una o varias personas plenamente identificadas, ante amenazas inminentes de muerte o lesiones graves de terceras personas”.Se suspendió el derecho al ejercicio de la libertad de asociación y reunión, que consiste en limitar las aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día para evitar que se afecte el derecho de la ciudadanía.Solo para la capital del país se restringió el derecho de tránsito desde este sábado 18 de junio y por los próximos 29 días desde las 22:00 hasta las 05:00.Se dispusieron las requisiciones y se harán solo en casos de extrema necesidad.Asimismo, se dispuso al Ministerio de Relaciones Exteriores el control de los ciudadanos extranjeros que se encuentren participando violentamente en las manifestaciones para que sean puestos a órdenes de autoridad competente.El Gobierno dispuso a los Gobiernos autónomos descentralizados apoyar y coordinar con la Policía y Fuerzas Armadas acciones para garantizar el funcionamiento de mercados; y mantener controles de matrículas vehiculares y la prohibición de transportar personas en los baldes de camiones y camionetas.El constitucionalista Ismael Quintana cree que el decreto no contiene inconstitucionalidades en lo formal y en lo material, pues estaría siguiendo los lineamientos que la Corte Constitucional (CC) ha fijado en varias sentencias.En el caso de toque de queda, esto era necesario porque los bloqueos de vías, pasos, puentes peatonales se produce en las madrugadas, por lo que sería “prudente” la medida.Respecto de las restricciones a las libertades de asociación y reunión en las 24 horas, Quintana advierte que ahí podría haber un pronunciamiento de la CC.“Entiendo que el decreto busca eliminar o restringir las aglomeraciones en espacios públicos. Eso habrá que ver cómo lo va a interpretar la Corte, porque pudiese tener como un mecanismo para solapadamente impedir las manifestaciones de tipo pacífico. Eso pudiese ser observado por la Corte, porque ha señalado que cuando se decreta estado de excepción por conmoción social interna va a haber uso progresivo de la fuerza, pero ni el estado de excepción ni la suspensión de este tipo de libertades pueden estar encaminadas con la finalidad de evitar de se ejerza el derecho a la protesta”, manifestó.Sobre el uso progresivo de la fuerza, indicó, se siguen los lineamientos de la CC en la sentencia 33-20, en la que se señala que, en contextos de conmoción interna, la fuerza pública puede hacer uso progresivo de la fuerza, pero observando estándares internacionales en la protección de derechos humanos.El uso de armamento o fuerza letal será excepcional y debe ser aplicado en la proporción en que se produzca una acción. Por ejemplo, si un policía enfrenta a un manifestante armado, hay la posibilidad de actuar en legítima defensa y progresivamente. Obviamente, un policía o militar no puede atacar con un arma a una persona que está con un palo. La Corte ha dicho que sí es posible el uso progresivo de la fuerza y por eso mandó que se elabore la ley de uso legítimo de la fuerza”.El jurista Esteban Ron, al contrario, observa que en las motivaciones del documento presidencial no se adjuntan datos que argumenten las acciones. “La Corte, además de ver la constitucionalidad, observa las motivaciones. Todos son considerandos legalistas y no se aportan datos”, dijo.En cuanto a la restricción de la libertad de asociación, esta “tiene como efecto que se acaban las marchas. Con eso se restringe absolutamente todo”; en tanto que se dispone el trabajo de los gobiernos locales, pero “no dice cómo y no se dispone la conformación de un gabinete de evaluación y de seguridad”.Este decreto debe ser notificado a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y los organismos internacionales para su revisión.La CC debe revisar su constitucionalidad, y tanto Quintana como Ron aspiran a que haya un pronunciamiento inmediato de los jueces en una sentencia.Pese a esta medida presidencial, el Frente Popular, estudiantes universitarios y secundarios, la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Conaie, la Feine, la Fenocin ratificaron que mantendrán las jornadas de manifestaciones.Este sábado 18 de junio, el Frente Popular, la UNE y los gremios de estudiantes anunciaron que se plegarán a la marcha nacional convocada por el FUT este 22 de junio. Previamente, el lunes realizarán un ‘cacerolazo’ para expresar su descontento con las políticas económicas del Ejecutivo. (I)

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