Ecuador destina cada año un promedio de dos millones de dólares para financiar las actividades del Parlamento Andino, también integrado por Bolivia, Colombia, Chile y Perú.

La sede es en la capital colombiana, Bogotá, donde hasta antes de la pandemia se hacían una o dos sesiones al mes. Los cinco representantes de Ecuador sesionan el resto del tiempo en oficinas alquiladas en Quito. Ahora se hace todo de forma telemática, en línea, debido a la pandemia.

Los parlamentarios andinos electos el pasado 7 de febrero en Ecuador se posesionan el 19 de mayo.

El Parlamento Andino, creado en 1979 como parte del sistema de integración regional, aprobó desde enero hasta abril de este año 17 recomendaciones de normativa, nueve resoluciones y dos declaraciones, una de ellas es la de “solidaridad con Ecuador por la muerte de 79 personas en las cárceles del país”.

Son recomendaciones con el fin de unificar las legislaciones de los países miembros, una de las funciones de la entidad, ya que las decisiones del plenario no tienen carácter vinculante. De ahí que las propuestas de normas comunitarias son remitidas al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores para que sean consideradas en la normativa interna de los países miembros.

Estos planteamientos se dan en temas como la interconexión eléctrica de la región, la simplificación de trámites comerciales y aduaneros, la seguridad vial, la minería ilegal y la participación activa de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la integración andina.

Una de las últimas normativas recomendadas es la del Marco para Salvaguardar la Salud de la Población, a través de las Inmunizaciones.

El documento plantea acciones para dar prioridad a los procesos de vacunación en la región, como la declaración de las vacunas como bienes públicos, de carácter universal y gratuitos. Incluso, determina el fomento de la inversión pública y privada para mejorar los procedimientos de vacunación y promover la participación de la población para transformar las percepciones negativas, entre otros aspectos, siempre a manera de exhortación.

El debate anterior a las aprobaciones incluye las opiniones y recomendaciones de expertos en cada una de las temáticas, quienes han debatido con los parlamentarios tanto en las comisiones como en el pleno.

Cristina Reyes (PSC), parlamentaria andina electa en representación del Ecuador, enfatiza que el único organismo de integración del mundo cuyas decisiones son vinculantes es el Parlamento Europeo. “El resto de estos espacios, como la Organización de Estados Americanos, la misma Naciones Unidas, en una serie de estas sus decisiones no son vinculantes obligatorias”.

Los Estados miembros aportan para el funcionamiento de la oficina central en Bogotá

El art. 143 del reglamento general del Parlamento Andino establece que cada Estado miembro realizará un aporte comunitario anual de $ 50.000 para el funcionamiento de la oficina central en Bogotá.

Pero no es la única asignación económica. El art. 144 determina que el presupuesto de las Representaciones Parlamentarias Nacionales será totalmente independiente del presupuesto de la oficina central y será cubierto por el respectivo Estado miembro.

Los gastos prioritarios son los requeridos para financiar los desplazamientos, hospedaje y alimentación de los parlamentarios a las sesiones de los órganos del Parlamento Andino.

La Dirección de Planificación y Finanzas de la entidad elabora el presupuesto que debe ser aprobado en dicho pleno. Luego este plan operativo anual es enviado, en este caso, a la Asamblea Nacional del Ecuador, donde también el pleno lo discute y aprueba para que sea remitido al Ministerio de Finanzas. Esta última institución gestiona la partida presupuestaria y transfiere los valores.

Un informe de la Contraloría General del Estado sobre el accionar de los parlamentarios andinos salientes, que representaron al Ecuador en el periodo 2017-2021, indica que hubo meses en que estos no se reunieron en sesión plenaria, como en diciembre del 2018, marzo y julio del 2019 y abril, mayo y julio del 2020.

Paul Desamblanc (ID), parlamentario andino electo en los últimos comicios reconoce que las disputas ideológicas han debilitado la institucionalidad en el país, incluido al Parlamento Andino. “También no se ha dado publicidad a lo que hace. Como representantes del país tenemos la misión de armonizar las legislaciones de las naciones miembros”, afirma.

Un ejemplo es que Colombia aprobó de forma interna la legislación para el sistema de acciones simplificadas que es copiado de la normativa ecuatoriana. “Así una sola empresa se evitaría trámites burocráticos y podría trabajar en los diferentes países de la región”.

Gestionar becas a estudiantes para la promoción de la educación en la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito y La Paz, es otra de las atribuciones. “Tenemos que fortalecer la integración en salud, comercio”, dice.

Otra muestra, agrega Desamblanc, es el uso de una nomenclatura común para importar (código único). “Eso facilita el comercio entre los países de la región andina”.

Se trata de un bloque que cuenta con 132,2 millones de habitantes, sin incluir a Venezuela y Argentina, que también tienen una porción de su territorio en la cordillera de Los Andes.

Reyes, quien ha sido legisladora en dos periodos, considera que al Parlamento Andino no hay que analizarlo de forma aislada sino como parte del sistema de integración regional que incluye, por ejemplo, a la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. “Ecuador tiene tan pocos espacios de integración regional, este es uno que ha trascendido en el tiempo, por lo que hay que cuidarlo y fortalecerlo”.

La armonización de las legislaciones en la región, dice Reyes, requiere de estudios comparados. “Hay problemáticas comunes en temas de seguridad, sanitarios, de educación y movilidad académica. Hay que tener un intercambio estudiantil, de maestros, homologación de los títulos”.

“Sé que hay gente que no comprende mucho de estos temas y no los valora, pero sí creo que es importante que Ecuador fortalezca estas oportunidades de integración comercial, educativa, académica en este sistema del que somos parte. Mi trabajo será constante para unificar las legislaciones y que haya más oportunidades factibles para los jóvenes y ciudadanos en temas de movilidad, tránsito, trabajo y estudios“, manifiesta Reyes.

El último informe de gestión 2019-2020 de la secretaría general del Parlamento Andino señala que se han “reducido gastos e implementado políticas de austeridad frente a los recursos económicos del organismo” en el marco de la pandemia del COVID-19.

Reyes afirma que hay 48 acuerdos normativos trabajados en los últimos años en el Parlamento Andino. La idea es convertir en oportunidades estas temáticas, agrega. “Hay que visibilizar el trabajo. El gran problema de estos espacios que en su momento el país ha integrado es el sesgo ideológico o el partidismo”.

La declaración del pasillo ecuatoriano como un referente cultural y patrimonio inmaterial de la región andina realizada en febrero del 2020 es una muestra de las decisiones que toma el pleno del Parlamento Andino.

El reconocimiento fue entregado al Museo del Pasillo por considerarlo como “la institución que promueve la investigación, el estudio, la documentación, la creación, la interpretación, la socialización, la difusión y el goce del género musical”.

El alto costo del transporte aéreo entre los países de la región andina podría ser una temática que se analice. “Hay algunos monopolios, hay que abrir a la libre competencia”, indica Reyes.

Los otros tres parlamentarios andinos electos para los próximos cuatro años son Verónica Arias y el exlegislador Virgilio Hernández, de UNES, y Mirian Cisneros, de Pachakutik. Todos tienen la posibilidad de ser reelectos una sola vez.

El Parlamento Andino está conformado por: Plenaria, Mesa Directiva, Comisiones, Oficina Central y Oficinas de Representación Parlamentaria Nacional.

Los parlamentarios andinos y la Oficina Central trabajan por lo general durante el mes en propuestas de normativa y la última semana de cada mes del año se realiza el periodo de sesiones donde se debaten y aprueban los pronunciamientos. (I)