Resolver la disputa por la coordinación nacional del movimiento político Pachakutik (PK) entra en análisis de Guillermo Ortega, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Este 30 de agosto de 2023, el magistrado electoral Guillermo Ortega instaló en Quito la audiencia de prueba y alegatos dentro de un recurso contencioso que interpuso el político Guillermo Churuchumbi, quien reclama ser el nuevo coordinador electo de Pachakutik, en un proceso electoral que se realizó en abril pasado.
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La diligencia se realizó tres meses después de que Churuchumbi presentó el recurso, con base en el artículo 269, numeral 12 del Código de la Democracia, sobre los «asuntos litigios de las organizaciones políticas».
Los comicios de PK se realizaron el 29 de abril en Puyo (Pastaza), en los que Churuchumbi lideraba la lista A; Cecilia Velasque, la lista B; y, Jorge Herrera, la lista C.
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Churuchumbi aseguró que ganó las elecciones con más de 300 votos, pero no se posesionó por la existencia de denuncias de anomalías durante el proceso e interpuso este recurso.
Este martes solicitó al Tribunal que se declare la nulidad de una resolución emitida el 3 de mayo, que adoptó la vicepresidenta del Tribunal Electoral Nacional de PK, Jéssica Castillo, en la que se aceptó una impugnación y ordenó la «suspensión» de la jornada electoral y que se ordene al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se lo inscriba como coordinador nacional de este movimiento político.
En la audiencia, una de sus principales pruebas fue el informe elaborado por los veedores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que asistieron ese día al recinto a observar el desarrollo de las elecciones.
Fueron tres funcionarios del CNE los llamados como sus testigos, quienes coincidieron en que el proceso se hizo con «variantes», pero que se superaron y concluyó con normalidad.
En tanto, los accionados fueron los exlegisladores de PK Rafael Lucero y Jéssica Castillo, que integraron el Tribunal Electoral Nacional y que presentaron como sus testigos a militantes que, ese día al asistir a votar, contaron que se registraron hechos violentos: que fueron «golpeados», que se «apoderaron» de las mesas de votación, que hubo amenazas; e incluso, una testigo relató que fue «manoseada» en sus partes íntimas en medio de la turba.
Bajo ese contexto turbulento, apuntaron a la presencia continua de Leonidas Iza, presidente de la Conaie.
La audiencia se extendió por casi siete horas y el juez Ortega deberá emitir su sentencia de primera instancia, que podrá ser apelada para conocimiento del pleno del Tribunal Contencioso Electoral lo resuelva.
Según el artículo 192 del reglamento de Trámites del TCE, el recurso puede resolverse en un plazo o término de 30 días y su fallo puede ser apelado ante el pleno.
Rafael Lucero aseguró que la resolución del Tribunal Electoral de PK, en el que acogieron una impugnación en contra del proceso eleccionario, se hizo apegado a derecho, al debido proceso y cumpliendo sus facultades.
Su pedido es que se vuelva a instalar el proceso electoral que había sido suspendido el 29 de abril, frente a los sucesos violentos, y reconoció que esto ha sido un «golpe político» para Pachakutik, brazo electoral de la Conaie.
«Lo que ha suscitado ha sido un golpe político para todo el movimiento, no es un tema de dirigencia, no es un tema de quiénes ganaron o perdieron. Fue un golpe democrático para PK. Hay personas responsables de esto, hay personas que no han logrado sentarse en una mesa, llegar a un consenso y dejar de estar en este tipo de leguleyadas. Esperamos que prime el tema legal y se observen los derechos de todos, no solo de los dirigentes, y quiénes son los responsables de esto, son Leonidas Iza y Guillermo Churuchumbi», expresó Lucero.
La aspiración es que una vez que el TCE resuelva, «cualquiera sea el resultado, los dirigentes nos podamos sentar a conversar y hacer una resolución conjunta».
Por su parte, Guillermo Churuchumbi insistió en que él ganó «limpiamente, transparentemente, lo único es que ellos perdieron», increpó.
Descartó que se hayan registrado actos violentos en sus elecciones internas y al contrario, se «desarrollaron con normalidad, con participación, con transparencia, con adherentes».
Churuchumbi dijo que, de llegar a ser posesionado como coordinador nacional de PK, trabajará en la reunificación y refundación de la agrupación, y responsabilizó a los dirigentes salientes y exasambleístas de haber «traicionado» los principios, lo que, incluso, les impidió participar en las elecciones nacionales anticipadas del 20 de agosto.
Mientras tanto, este miércoles está prevista la instalación de un consejo político presidido por el coordinador nacional, Marlon Santi Gualinga, para evaluar los resultados y su participación electoral en las presidenciales y legislativas anticipadas.
Lucero aclaró que mientras el TCE no emita su resolución, Santi seguirá en funciones hasta que se posesione legalmente a su reemplazo, aunque reprochó que se convoque a este consejo político, porque «la estructura nacional queda debiendo a la militancia de PK». (I)