“Soy víctima de una confabulación penal fraudulenta impulsada por la fiscal general del Estado (Diana Salazar)”, “soy víctima de un fraude premeditado, políticamente conducido, orientado a mi proscripción como autoridad de control, a la intervención sobre la Contraloría General del Estado (CGE), a echar abajo las decisiones que tomé como autoridad de control para ordenar el uso de los recursos públicos del Ecuador en circunstancias en donde el país atravesó una crisis institucional significativa”.