En el año de gestión del actual contralor general del Estado subrogante, Carlos Riofrío, se han aprobado 588 informes de auditoría a las actividades a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), sus empresas y entidades adscritas; de ellos, 117 tienen indicios de responsabilidad penal (IRP), es decir que existe la presunción de que se cometió algún delito relacionado con el manejo de fondos públicos.