A pocos días de que la Asamblea Nacional cumpla su primer año de funciones este 14 de mayo, el Legislativo se mantiene en un escenario marcado por el desgaste político, las fracturas internas, las sanciones disciplinarias y los procesos judiciales contra algunos de sus integrantes, cuatro polémicas que han sido parte de su gestión.
En estos doce meses, el Parlamento pasó de las ya tradicionales disputas por el control político y la conformación de mayorías a enfrentar casos de nepotismo, suspensiones a legisladores, denuncias de persecución política y escándalos judiciales que golpearon la imagen institucional de la Función Legislativa.
Aunque las crisis han sido constantes, la mayoría legislativa alineada con el Ejecutivo se ha mantenido estable y ha permitido al Gobierno avanzar con su agenda política dentro de la Asamblea.
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Para Cristian Carpio, analista político y catedrático universitario de la Universidad de las Américas (UDLA), el primer año de la Asamblea refleja “un proceso de desgaste político”.
“Si bien es cierto, es inherente a sus funciones debido a que es un órgano político, es el máximo órgano político y de representación política bajo nuestra institucionalidad”, señaló.
Sin embargo, considera que el desgaste se aceleró por “procesos disciplinarios, fracturas políticas y procesos judiciales” que han rodeado a varios legisladores y bloques políticos.
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A pesar de ello, Carpio sostiene que la mayoría legislativa cercana al Gobierno se ha mantenido firme durante este primer año.
“La dinámica legislativa ha estado sujeta a la agenda política del Gobierno. Y eso podría también cuestionarse justamente sobre qué tan sólida es la institucionalidad o no de la Asamblea y qué tan independiente puede ser esta”, afirmó.
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El analista considera que el Legislativo ha funcionado principalmente alrededor de las prioridades impulsadas por el Ejecutivo, especialmente con el trámite de leyes económicas urgentes.
“Hay que tomar en consideración que este proceso no es nuevo y ha primado siempre que los poderes ejecutivos logran tener mayorías en el Legislativo”, explicó.
Para Héctor Muñoz, exlegislador y analista político, los problemas que enfrenta la actual Asamblea tampoco son exclusivos de este periodo.
“Este tipo de problemas complejos no son exclusivos de la actual Asamblea; han sido una constante en distintos periodos legislativos de nuestro país”, sostuvo.
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No obstante, considera que en esta ocasión sí se han tomado acciones frente a algunos de los escándalos y excesos que se registraron durante el primer año.
“Al menos se han tomado algunas acciones para corregir y sancionar ciertos abusos, ya sea frente a casos de nepotismo o ante actuaciones de legisladores que han estado fuera del marco legal o institucional”, manifestó.
Sin embargo, aclaró que todavía existen desafíos pendientes en materia de transparencia y fortalecimiento institucional.
“Siempre habrá espacio para fortalecer los mecanismos de control, elevar los estándares éticos y mejorar la calidad institucional de la Asamblea Nacional”, añadió.
Uno de los puntos que más atención generó durante este primer año fue el rol del Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo que tramitó cerca de una veintena de reclamos y procesos administrativos entre legisladores.
Las tensiones políticas entre Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) terminaron trasladándose al ámbito disciplinario mediante denuncias cruzadas, suspensiones y acusaciones de persecución política.
Carpio sostiene que el CAL históricamente ha respondido a las mayorías políticas de turno.
“El CAL siempre ha sido un instrumento político que actúa ya sea para intereses de la oposición o para intereses de la mayoría legislativa”, indicó.
Según el analista, mientras el Gobierno conserve mayoría dentro del Parlamento, el organismo administrativo tenderá a alinearse con la agenda oficialista.
Muñoz coincide en que existe una mezcla entre fortalecimiento institucional y disputa política.
“Es positivo que se busque fortalecer mecanismos de control y disciplina interna dentro de la Asamblea; toda institución democrática necesita reglas claras y capacidad de sancionar conductas indebidas”, expresó.
Sin embargo, también advirtió que las sanciones deben manejarse con transparencia para evitar cuestionamientos sobre una eventual instrumentalización política.
“Para evitar cuestionamientos sobre una eventual instrumentalización política de las sanciones, es fundamental que los procesos sean transparentes, objetivos y aplicados sin distinción”, afirmó.
Ambos analistas coinciden en que la acumulación de escándalos y confrontaciones ha profundizado el desgaste de la imagen del Legislativo.
“Creo que al final lo que la ciudadanía busca son respuestas a sus principales problemas y en la medida en que la Asamblea pueda verse inmersa en más conflictos, acusaciones y problemas, eso puede desgastar aún más la imagen de la Asamblea”, sostuvo Carpio.
Mientras que Muñoz considera que actualmente existe “un profundo desencanto hacia la política, los políticos y, en general, hacia todo lo relacionado con lo público”.
A criterio de ambos expertos, uno de los principales retos del Parlamento para el segundo año será recuperar credibilidad y demostrar mayor conexión con las necesidades ciudadanas.
Fracturas y camisetazos desde el inicio
Las tensiones políticas aparecieron desde la instalación misma de la nueva Asamblea Nacional, el 14 de mayo de 2025.
Las votaciones para elegir a las autoridades legislativas dejaron al descubierto los primeros distanciamientos y cambios de camiseta dentro de las bancadas.
ADN consolidó rápidamente una mayoría legislativa con el apoyo de independientes y legisladores provenientes de otras organizaciones políticas.
Uno de los casos más visibles fue el del asambleísta Samuel Célleri, quien abandonó el Partido Social Cristiano (PSC) luego de no recibir respaldo de su propia organización para integrar el Consejo de Administración Legislativa.
Al mismo tiempo, la Revolución Ciudadana comenzó el periodo con fracturas internas y perdió respaldo de algunos legisladores que se desmarcaron de la bancada.
El escenario evidenció desde el inicio una Asamblea marcada por alianzas cambiantes, negociaciones políticas y reconfiguración de fuerzas dentro del pleno.
El escándalo del nepotismo
Otro de los episodios que golpeó con fuerza a la Asamblea ocurrió en julio de 2025, cuando se reveló una red de vínculos familiares dentro del Legislativo.
La polémica derivó en que el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, solicitara la renuncia de más de 40 funcionarios con relaciones familiares entre sí o con asambleístas.
Además, el CAL aprobó reformas al reglamento interno de talento humano para prohibir la contratación de familiares de legisladores y funcionarios públicos dentro de la institución.
“Ningún familiar podrá ser contratado en ningún despacho ni dependencia de la Asamblea Nacional. Esta vieja práctica termina hoy”, escribió Olsen en ese momento.
La controversia surgió luego que se identificaran varios casos de relaciones familiares entre legisladores, suplentes y funcionarios administrativos.
Uno de los casos más comentados fue el del legislador oficialista Dominique Serrano, cuya madre y hermano trabajaban dentro de la Asamblea.
El episodio terminó convirtiéndose en uno de los principales golpes de imagen para el oficialismo durante el primer año legislativo.
Las sanciones disciplinarias
Las confrontaciones políticas también derivaron en una serie de sanciones disciplinarias contra legisladores.
Uno de los casos más mediáticos fue nuevamente el de Dominique Serrano. El asambleísta de ADN fue suspendido ocho días sin sueldo luego de ser captado dibujando durante una sesión de fiscalización sobre contratos eléctricos relacionados con el caso Progen.
El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y abrió un debate sobre la preparación de los legisladores y el comportamiento parlamentario.
Serrano argumentó que padece TDAH y que dibujar le ayuda a concentrarse, pero el CAL concluyó que incurrió en una conducta inapropiada.
La legisladora Mireya Pazmiño, de Revolución Ciudadana, también fue suspendida 30 días sin remuneración por expresiones consideradas ofensivas durante el debate de la Ley de Integridad Pública.
Desde el oficialismo se argumentó que incurrió en insultos y alteración del orden parlamentario, mientras el correísmo denunció censura política.
Otro caso fue el del legislador Andrés Castillo, de ADN, quien recibió una suspensión de 30 días tras una denuncia presentada por el asambleísta Comps Córdova por presuntas agresiones verbales.
La legisladora correísta Mónica Palacios se convirtió en la asambleísta más sancionada del periodo.
Acumuló más de 120 días de suspensión sin remuneración tras varios procesos relacionados con alteración de sesiones y acusaciones contra autoridades del Gobierno.
En paralelo, el correísmo terminó convirtiéndose en la bancada con más días de suspensión acumulados en este primer año legislativo, bordeando los 300 días de sanciones.
Las tensiones llegaron incluso a episodios protagonizados por megáfonos, gritos y abandonos del pleno.
Uno de los primeros casos disciplinarios ocurrió cuando el legislador correísta Ronal González utilizó un megáfono dentro de la Asamblea para reclamar por la falta de intervención de su bancada en el pleno. El hecho le significó una suspensión de 60 días.
Procesos judiciales y escándalos penales
Además de las confrontaciones políticas y administrativas, la Asamblea también se vio golpeada por procesos judiciales contra algunos de sus integrantes.
Uno de los casos más graves fue el del exasambleísta de Revolución Ciudadana Santiago Díaz Asque.
El legislador fue investigado por un delito sexual contra una menor de edad y posteriormente sentenciado a 29 años y cuatro meses de prisión como autor directo de violación.
Antes de la sentencia, el CAL suspendió sus derechos parlamentarios y principalizó temporalmente a su alterna mientras se desarrollaba el proceso judicial.
Otro caso que sacudió al Legislativo fue el del asambleísta de RETO Raúl Chávez, vinculado al caso Goleada por presunto lavado de activos y delincuencia organizada.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva en su contra y hasta mayo de 2026 el legislador permanecía prófugo.
La investigación sostiene que Chávez habría recibido dinero mediante facturación de supuestos servicios profesionales inexistentes relacionados con empresas vinculadas al entorno de Aquiles Alvarez.
Estos casos terminaron profundizando el desgaste de la imagen legislativa y alimentaron nuevamente el debate sobre los controles para la selección de candidatos y la responsabilidad política de las organizaciones.
A criterio de Carpio, uno de los principales desafíos pendientes para la Asamblea es fortalecer el rol de fiscalización y control político.
“Otro tema que creo que debe evaluarse en el Legislativo es justamente el tema de la fiscalización y control político”, sostuvo.
Mientras tanto, Muñoz considera que, pese a los escándalos, también se han aprobado leyes relevantes durante este primer año.
Entre ellas mencionó la Ley de Educación Financiera, reformas al Código Monetario y Financiero, la Ley de Atención Psicosocial para Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley del Cáncer y la nueva Ley de Tránsito.
Sin embargo, ambos coinciden en que el reto más importante del Legislativo será reconstruir la confianza ciudadana.
(I)