El examen especial en el que la Contraloría General del Estado determinó que Sebastián Corral no debió ser designado ni posesionado como secretario general de la Administración Pública y Gabinete en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, por ser accionista de dos compañías que mantienen contratos con el Estado, aún debe ser revisado por la Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidades (Dipre) de la institución que es la encargada de imponer multas u otras sanciones administrativas o civiles.