Seguridad, salud, trabajo y la renuncia de Guillermo Lasso a la Presidencia de la República integrarán el pliego de demandas que el movimiento obrero del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) evocará en la jornada de movilización del 1 de mayo.
El próximo 1 de mayo se conmemoran más de 130 años de la declaración del Día Internacional del Trabajador o más conocido como el Día Internacional del Trabajo, para lo que el Frente Unitario de Trabajadores prepara un acto de protesta en contra de las políticas gubernamentales y exigirá acciones.
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Desde las 08:30, en la antigua Caja del Seguro Social en Quito, arrancará una caminata de cientos de trabajadores adheridos a los gremios sindicales que llegarán hasta la plaza de San Francisco en el centro histórico para exponer sus demandas al gobierno de Guillermo Lasso.
La presidenta del FUT, Marcela Arellano, detalló que este será un evento unitario en contra del neoliberalismo y que llame a atender la seguridad, el trabajo y la vida de la población.
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“La marcha del 1 de mayo será para expresar que los derechos de los trabajadores son derechos, no son privilegios. Demandamos al Gobierno nacional políticas que aseguren el fortalecimiento del aparato productivo para generar empleo, respeto a los derechos laborales y sindicales, respeto a la seguridad. Es necesario que el Estado, que el Gobierno y los actores sociales se pongan de acuerdo en una política pública que cuide la vida de los ciudadanos”, expresó Arellano.
En ese sentido, cuestionó al poder Ejecutivo por su estrategia del porte de armas para civiles porque “eso demuestra la incapacidad del Estado de cuidar de la vida de la gente. El libre porte de armas significa que el Estado entrega la responsabilidad al pueblo, que no tiene para educación, salud, alimentación y el cuidado de la vida”, añadió.
Arellano insistió en que esta manifestación “masiva” demandará la salida de Guillermo Lasso y, de forma paralela, convocará a la sociedad civil a la construcción de una “hoja de ruta” para establecer alternativas para mejorar las condiciones de vida.
En similar sentido se pronunció Edwin Bedoya, vicepresidente de la Cedocut (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores), quien cuestionó que el jefe de Estado tiene un 10 % de credibilidad y por eso no debería gobernar. “Hemos dicho y hemos exigido la renuncia del presidente de la República”, enfatizó.
Criterios coincidentes tuvieron la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, quien exigió presupuesto para la educación; mientras que José Villavicencio, de la Unión General de Trabajadores (UGTE), dijo que estarán pendientes de la actuación de la Asamblea Nacional en el trámite del juicio político en contra del primer mandatario.
“Esperamos que la Asamblea Nacional fiscalice y legisle y no piense en favores políticos y personales, ni tampoco se convierta en juez, porque hay asambleístas, como el presidente de la Comisión de Fiscalización (Fernando Villavicencio) que se está convirtiendo en un juez defendiendo a su amo, que es Guillermo Lasso. Si respetando el proceso se demuestra que el presidente está involucrado en actos de corrupción, debe dar un paso al costado. Tampoco pueden entrar a negociaciones en el cambio de autoridades de la Asamblea. Lo que exigimos es que actúen con transparencia y ética”, subrayó. (I)