Más de $ 2,6 millones anuales podría costarle al Ecuador el incremento de asambleístas por elegirse en las elecciones generales del 2025, a consecuencia del crecimiento de la población. Esta cifra no incluye los viáticos por residencia para los que viven fuera de Quito.
Con base en la información remitida por la Dirección General de Registro Civil, correspondiente al censo realizado entre el 2021 y el 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene que definir a cuánto subirá el total de legisladores provinciales.
Hasta las anteriores elecciones legislativas anticipadas, el número de asambleístas que se eligió fue de 137, entre nacionales, provinciales y del exterior.
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La nueva cuota sería de 151, o sea, serían 14 más. Esta es una estimación preliminar del consejero Enrique Pita, pero el pleno del CNE no lo ha decidido.
La Constitución establece que el número de legisladores se calcula de acuerdo con los resultados del último censo, el cual determinó que la población en el Ecuador ascendió a 16′938.986 habitantes.
El artículo 150 de la ley electoral establece que el total de asambleístas se definirá de la siguiente manera: quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional; seis asambleístas por las circunscripciones especiales del exterior: dos por Europa, Oceanía y Asia, dos por Canadá y Estados Unidos, y dos por Latinoamérica, el Caribe y África; dos asambleístas elegidos por cada provincia o distrito metropolitano, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional de población, precisó Pita.
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En el escrito de fundamentación del referéndum que la Administración de Guillermo Lasso presentó ante la Corte Constitucional en el 2022 se indica que el valor mensual por asambleísta asciende a $ 15.825, tomando en cuenta que el equipo de colaboradores de un legislador puede estar compuesto hasta por cuatro personas (asesor nivel 1, asesor nivel 2, asistente 1 y asistente 2).
En el cálculo efectuado se suma la remuneración mensual de cada asambleísta ($ 4.759); décimo tercera remuneración, que se obtiene como resultado de un sueldo mensual dividido para doce meses ($ 396,58), y décimo cuarta remuneración ($ 35,41), que se obtiene de la división de una remuneración básica unificada para doce meses; dos asesores, de los cuales el asesor 1 percibe remuneración ($ 3.014), con la correspondiente décimo tercera ($ 251,17) y décimo cuarta remuneración ($ 535,41); el asesor 2 percibe remuneración ($ 2.545), con la respectiva décimo tercera ($ 212,08) y décimo cuarta remuneración ($ 35,41).
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Adicionalmente, los rubros por dos asistentes, cada uno de los cuales recibe remuneración ($ 1.394), con lo correspondiente por décimo tercera ($ 116,17) y décimo cuarta remuneración ($ 35,41).
Además, aquellos asambleístas cuyo domicilio se encuentre a 60 kilómetros a la redonda de la ciudad de Quito, sede del Legislativo, tienen derecho a recibir viáticos por residencia.
Así pues, mensualmente la Asamblea Nacional por catorce legisladores más pagaría $ 221.550, y anualmente $ 2′658.600, por concepto de remuneración y sobresueldos.
Karen Sichel, exasesora jurídica del Gobierno para el referéndum del 2023, consideró que la cantidad de asambleístas no es el problema central de la Asamblea Nacional, sino que el incremento de legisladores ocurrirá de manera desproporcional. Esta desproporcionalidad, explicó, se da por las falencias de representatividad que genera el sistema aprobado en la Asamblea Constituyente de Montecristi, en donde existen escaños fijos sin tomar en cuenta a la población.
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“Por ejemplo, la norma señala que debe haber quince asambleístas nacionales, seis del exterior, etc. ¿Por qué quince, por qué seis? No existe una fórmula técnica proporcional a la población para fijar la representación. En palabras sencillas, en el 2025 no solo que van a haber más asambleístas, sino que van a ser menos representativos”, indicó.
La exvocera del Gobierno de Lasso enfatizó que existe evidencia empírica de que la representación proporcional en las legislaturas incide en la calidad de la legislatura. “¿Por qué? Porque los Parlamentos tienen una tarea sobre cualquier otra: dialogar y llegar a acuerdos programáticos para servir al país. Si los Parlamentos no tienden a la representación proporcional, esos acuerdos son más difíciles de llegar y llevan a la polarización, estancamiento y populismo”, remarcó.
Para el actual legislador por Tungurahua Ramiro Vela, este aumento de asambleístas en varias provincias no va a mejorar la labor legislativa, sino más bien lo va a complicar, porque considera que “muchos” llegan a la Asamblea por fuerza de partidos políticos o por arrastre de una candidatura presidencial, y lo que se convierten es en “levantamanos” y no en realmente “verdaderos legisladores”.
Vela lamentó que en el referéndum constitucional del 2023, que impulsó el expresidente Guillermo Lasso, la ciudadanía no dio cabida a la propuesta de reducir el número de asambleístas.
“La cantidad de asambleístas que van a llegar por el crecimiento de la población no va a ser de calidad (...), y ese peso económico, el gasto, no solamente en los sueldos, viáticos y todas las compensaciones de los nuevos asambleístas, sino en los equipos de trabajo, sumando al personal que se aumenta dentro de la parte administrativa de la Asamblea, para mí es un desperdicio de recursos”, insistió el legislador. (I)
