Como barbaridad jurídica, ilegalidad, falta muy grave, error de procedimiento y hasta que es muestra del desconocimiento del proceso legislativo califican algunos asambleístas lo ocurrido la noche del lunes 9 de septiembre en la Comisión de Fiscalización cuando en una sesión accidentada no se logró calificar el proceso de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y que fue elevado al pleno de la Asamblea Nacional para su análisis.