El nuevo proyecto de ley urgente en materia económica que el presidente Daniel Noboa entregó a la Asamblea Nacional propone aumentar hasta 100 megavatios (MW) la capacidad de generación energía de los proyectos de iniciativa del sector privado; además, se plantean incentivos a la inversión privada y acuerdos de compra de energía.
El mandatario anunció la tarde del sábado 28 de septiembre que envió el documento a la Asamblea para quitar el techo de 10 MW que consta en la Ley de Competitividad Energética, denominada por el Ejecutivo como Ley No Más Apagones, que fue aprobada en enero de este año.
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En su anuncio, a través de redes sociales, el mandatario criticó a la Asamblea por poner ese techo en la norma. Su pronunciamiento contradice al agradecimiento y felicitaciones que dio en enero pasado a los legisladores que dieron sus votos para aprobar la Ley No Más Apagones.
El comentario de Noboa no demoró en desatar cuestionamientos y pronunciamientos de diferentes legisladores que resaltaron que, si el techo establecido en la norma causa inconvenientes, Noboa pudo haber vetado el proyecto antes de que se convirtiera en ley.
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El legislador Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye, manifestó que fue la bancada oficialista de ADN la que lideró la comisión que aprobó la Ley No Más Apagones y que su bloque fue el que propuso abrir el mercado eléctrico al sector privado.
“Fue usted quien no vetó la ley cuando pasó a sus manos, luego de aprobada en la Asamblea. Más rigurosidad en sus datos, presidente, por favor”, apuntó.
Con Peñafiel coincidió su compañera de bancada, Ana Galarza que recordó que fueron ellos como bloque quienes le hicieron observaciones sobre la ley aprobada en enero y que no tomó en cuenta por ser cercano al correísmo en ese momento.
La legisladora de la Revolución Ciudadana (RC) Ana María Raffo respondió a Noboa diciéndole que también tiene responsabilidad legislativa y que la culpa de la crisis energética no recae únicamente en el Parlamento.
“Recordarle a Noboa que el presidente de la República tiene responsabilidad legislativa. Si la Ley No Más Apagones no le cuadraba, ¿por qué en vez de celebrar no la observó y vetó parcialmente? Ahora, ¿es culpa de la Asamblea?”, subrayó.
La también legisladora del correísmo Sofía Espín recordó que mediante la norma que ahora Noboa cuestiona se pudo contratar la barcaza que está operando en el país y arremetió señalando que, si se va a mentir, se lo debe hacer con precaución.
“¿Y cómo contrataron la barcaza de 100 MW, si la ley solo permite concesionar 10 MW? Hasta para mentir hay que tener cuidado”, dijo.
En tanto, el reciente proyecto legal tiene como nombre Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, calificada como urgente en materia económica. El texto contiene tres artículos, una disposición reformatoria y tres disposiciones generales.
Las propuestas medulares del Ejecutivo están en la disposición reformatoria, en la que se plantean tres cambios a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía; una de esas reformas es al artículo 52, que fue modificado en la Ley No Más Apagones estableciendo el techo de los 10 MW.
El proyecto de ley introduce el nuevo artículo 41.1 a la Ley de Servicio Público de Energía. Determina que el Estado establecerá incentivos específicos para los proyectos de inversión privada en generación eléctrica con fuentes de energía renovable no convencional (ERNC), cuyo factor sea considerable, con dictamen previo del ente rector de las finanzas públicas.
Además, dispone que el Estado le otorgará al promotor del proyecto los beneficios para su participación en el proceso público de selección, establecidos en la normativa aplicable. La norma indica que en el proceso de construcción, operación y mantenimiento se dará prioridad a proyectos que promuevan el uso de tecnologías limpias y energías alternativas, así como despacho preferente, y proyectos del tipo de energía renovable no convencional (ERNC) de hasta 100 MW, despacho y precio preferentes.
El proyecto de ley ya fue ingresado a la Asamblea Nacional y deberá ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Al tratarse de una iniciativa legal con carácter de urgente en materia económica, la Asamblea tiene 30 días para analizar, debatir y votar sobre el contenido del texto. Si vence el plazo y el Parlamento no se ha pronunciado, el proyecto entrará en vigencia por ministerio de la ley. (I)