El ministro de Gobierno, José de la Gasca, confirmó este lunes en una entrevista radial que el presidente Daniel Noboa mandó a publicar en el Registro Oficial (RO) la Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, a la que apodó “ley antipillos”.
Con ello, la norma —causa de conflicto entre el Gobierno de Noboa y los sectores de oposición de la Asamblea— estará vigente por ministerio de la ley, tal cual la envió el primer mandatario al Legislativo el pasado 8 de noviembre.
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El proyecto fue negado y archivado con 84 votos del pleno de la Asamblea Nacional en un primer y único debate que se produjo el 27 de noviembre de 2024. Luego, el 29 de noviembre, la Asamblea envió al RO su decisión de archivar la iniciativa.
Sin embargo, el Gobierno nacional trasladó el texto original al RO para que entre en vigor, bajo la figura de decreto ley, y argumenta que no se cumplió el procedimiento legislativo que incluye dos debates en el pleno.
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Noboa subió a sus redes sociales un video donde indica que está firmando la mencionada ley. En el audiovisual se observa un mensaje en el que se indica que “una ley económica urgente jamás se archiva en primer debate”.
“En la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa jamás le dará la espalda al país”, señaló el Ministerio de Gobierno en un comunicado donde anuncia la promulgación de la ley, a la que definió como “una herramienta clave diseñada para atacar y asfixiar las economías narcodelictivas y las fuentes de financiamiento del crimen organizado”.
El gobierno agrega que, con esta decisión de sacar la ley a través de decreto, “ha actuado con determinación y dentro del marco constitucional” en contraposición a la “falta de tratamiento legislativo y al cumplirse con el plazo establecido”.
“Esta decisión marca un paso firme en la lucha frontal y decidida contra quienes protegen y se benefician de las mafias criminales. La ‘Ley Antipillos’ no es solo una herramienta, es un compromiso con el país, un paso decisivo para devolver la paz y la tranquilidad que merecen nuestras familias”, concluyó.
Respecto de esta iniciativa legislativa, la preocupación de las bancadas de oposición es la introducción de una tabla que establece el cobro de un impuesto por la compra y venta de vehículos usados.
Para el mandatario, esta actividad comercial constituye un mecanismo para lavar activos.
Desde la Asamblea, el secretario general, Alejandro Muñoz, advirtió días atrás que, si el régimen publicaba la ley en el RO, sería un acto dictatorial y además un delito, porque estaría simulando y usurpando funciones. (I)