El Estado ecuatoriano fue condenado por un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje a pagar alrededor de $ 11 millones dentro de la demanda que planteó la compañía Gente Oil Ecuador (Gente Oil), que señaló un incumplimiento en obligaciones contractuales en la adjudicación de la exploración y explotación de crudo en el bloque Singue.