La posibilidad de activar la herramienta de la disolución de la Asamblea Nacional o más conocida como ‘muerte cruzada’ causará efectos colaterales en sus atribuciones constitucionales, entre ellas, la posesión de las principales autoridades del Estado, como es la de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fueron electos en los comicios del 5 de febrero pasado.