La salida de Diana Salazar del cargo de fiscal general, objetivo de tres denuncias que hablan de un supuesto plagio en tesis de grado

Días después de anunciarse que una Comisión de Auditoría Académica de la Universidad Central del Ecuador (UCE) analizaría la tésis doctoral de la fiscal general, Diana Salazar, ante la existencia de un supuesto plagio, en el Consejo de la Judicatura (CJ), la noche del lunes último, se intentó instalar una sesión extraordinaria para tratar un informe jurídico con el que se planteaba la suspensión de la titular de la Fiscalía. La ausencia de tres de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) impidió la instalación de la sesión convocada. A la reunión virtual solo llegaron el titular de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Fausto Murillo.El informe de Control Disciplinario a tratar, que incluía la medida de suspensión provisional, nació de la solicitud presentada ante el CJ por el colectivo Acción Jurídica Popular. Esta organización pedía que el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial realice un análisis de los elementos de prueba anexados en su denuncia por un supuesto plagio en la tesis de Salazar y otros documentos entregados para el concurso en el que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio la escogió como fiscal general.El colectivo del cual es parte Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo sentenciado a tres años de carcel por ser el autor del delito de abuso sexual, y Angélica Porras, exvocal del CJ transitorio, entre otros, pedía que se suspenda y destituya a Salazar del cargo. El informe que se pudo tratar recomendaba una suspensión de tres meses sin sueldo y que se le abra a la funcionaria de la Fiscalía un sumario administrativo que podría concluir con la destitución de Salazar. Poco antes de la sesión reservada, desde la Fiscalía se advertía que “con un informe elaborado de forma maliciosa –y sin sustento legal– el subdirector de Control Jurídico pretende que el Consejo de la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad de la Fiscalía. De consumarse se actuará con base en la ley y con toda contundencia”. El vocal Murillo adelantaba en su cuenta de Twitter que él tiene una posición de respeto y fortalecimiento de la Fiscalía de Ecuador y aclaraba que no se ‘prestará para ninguna acción ilegítima que pretenda afectar a su institucionalidad’. Mientras que Terán, el presidente de la Judicatura que en un video colgado en la cuenta institucional en Twitter dice que hay que fortalecer a la Función Judicial, sus valores y luchar fuertemente contra la corrupción (...), no se ha pronunciado sobre el tema.El pedido de Acción Jurídica Popular que llegó a la Judicatura es uno de los tres que presentaron en el último mes en instancias públicas. Otra de las solicitudes llegó a la UCE, pues los denunciantes creen que se le debe revocar a Salazar el título de doctora en jurisprudencia, ya que su tesis, aunque fue calificada 9/10, tendría “más del 40 % de plagio; y la última al CPCCS, instancia a la que se ha solicitado que se convoque a una audiencia pública en la que Acción Jurídica expondría los hallazgos del “plagio de la tesis de la fiscal general y la falta de calidad académica del libro que le sirvió como mérito” a Diana Salazar para llegar a ser la titular de la Fiscalía.Para la Fiscalía, las denuncias provienen de personas “inescrupulosas” que intentan impedir la permanencia de Diana Salazar en sus funciones y buscan su salida del cargo. “Tienen el único afán de generar desinformación e inestabilidad, tratando de desprestigiar el trabajo desarrollado por la actual administración, durante el cual se han obtenido grandes resultados en contra de la criminalidad, evitando que casos como Sobornos, Carrión o Las Torres queden en la impunidad “.El titular del CPCCS, Alembert Vera, hace unos días dijo que “hay que ser bastante ignorante para pensar que desde este CPCCS se puede destituir a una funcionaria pública y peor a la fiscal general del Estado”. Vera informó que la fiscal Salazar ha sido convocada este viernes 2 de junio para una audiencia pública, advirtiendo que si existe un incumplimiento esto confinguraría una violación a los derechos de participación de la ciudadanía, lo que podría derivar en la destitución del funcionario, “si existiera Asamblea Nacional”, apuntó. Mientras se conocía de la sesión en el Consejo de la Judicatura convocada por Terán, la fiscal Diana Salazar se encontraba fuera del país. Desde allí anticipaba que si se resuelve una suspensión, como se recomienda en el informe, ella no la acatará. Aseguró que actuará con toda la contundencia de la ley, debido a que de darse una situación así se podría estar configurando un delito de usurpación de funciones que actualmente están en manos de la Asamblea Nacional y se procesaría en flagrancia. A la sesión del lunes no asistieron los también vocales de la Judicatura Juan José Morillo, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, los tres investigados de forma previa por la Fiscalía por delitos como tráfico de influencias, lavado de activos y obstrucción de la justicia.“La fiscal general está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía”, anotó Salazar.Ante estos hechos, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, recordó que hace un año él vivió también una suspensión temporal, que no llegó a la destitución, la cual fue decidida desde el CJ y a la que calificó de un “atropello”. Hizo un llamado a respetar la institucionalidad de la Función Judicial y aclaró que el CJ no puede suspender, ni sumariar a la fiscal general Diana Salazar. “El respeto al Poder Judicial no se cede ni negocia. (...) En ambos casos se procede de forma arbitraria. Este tipo de atropellos no pueden suceder”. Este martes 30 de mayo, en una rueda de prensa, el presidente del Consejo de Participación indicó que la Judicatura tiene plenas atribuciones para generar rectoría sobre la actuación de la Fiscalía. Según él, la Judicatura no puede destituir a Salazar mediante juicio político, porque esa es una competencia de la Asamblea, pero cree que sí puede generar directrices, rectoría, evaluación y observación. “El CJ tiene que actuar en función de también generar rectorías para quienes, en este caso, están en su competencia. (...) La Fiscalía son los jueces, los defensores públicos, notarios y demás. (..) Es un tema de legislación de reglamentación interna. ¿Qué es lo criticable? Que supuestamente hasta ahora no se conoce el supuesto informe, lo grave es que ante un informe interno y se pretende ya allanar nuevamente al CJ. (...) Cómo es posible que una persona que está sujeta a la rectoría de la Judicatura prohíba aquella rectoría”, refirió Vera. Diana Salazar insiste en que los integrantes del CJ no estarían en capacidad de conocer siquiera este tipo de denuncias. Aclara que no debería pasar porque no son competentes y además, resalta, existiría un conflicto de intereses al estar al menos tres de los integrantes del pleno del CJ siendo investigados por la fiscal general del Estado. “Simplemente es una forma de amedrentar el trabajo y eso no nos va a detener”, sentenció. A lo que se refiere la fiscal es a los vocales Morillo y Barreno, quienes junto al juez de Pichincha Vladimir Jhaya se les formulará cargos el 7 de junio próximo por el delito de tráfico de influencias; y a Xavier Muñoz, vocal de la Judicatura que es investigado de forma previa por un supuesto lavado de activos. También hay otra investigación previa por obstrucción de la justicia, causa que nació de la suspensión temporal ordenada por dos votos del pleno del CJ del juez de la Corte Nacional, Walter Macías, magistrado que debía conocer la formulación de cargos contra Morillo, Barreno y Jhaya.El hoy exasambleísta de CREO Juan Fernando Flores piensa que lo que se quiere hacer en contra de la fiscal Diana Salazar se constituye como un delito de usurpación y arrogación de funciones que solo competen al Legislativo.“Esto es lo que siempre buscaron algunos sectores políticos desde la Asamblea y tras su disolución no les queda más que usar al CPCCS y ahora a Wilman Terán para tomarse las instituciones a la fuerza. No podemos permitir que de ninguna manera se concrete su plan de impunidad para volver al poder”, indicó Flores. La situación que enfrenta la fiscal general se da en medio del trámite de casos como el de los helicópteros Dhruv en el que se procesa el delito de peculado y se está a la espera de conocer si se llama o no a juicio a los 18 acusados, entre ellos, dos exministros de Defensa del Gobierno de Rafael Correa; la fase de casación en el caso Freddy Carrión; el proceso penal contra el exministro de Energía, Xavier Vera, y otro involucrado en el delito de cohecho; la apelación de la sentencia de primera instancia en el caso Las Torres, en el que fue sancionado por delincuencia organizada el excontralor Pablo Celi; la instrucción fiscal contra el expresidente Lenín Moreno, quien es acusado junto a otras 36 personas por el delito de cohecho. También la Fiscalía dirigida por Salazar lleva casos como el cohecho en el que es investigado entre otros Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador en el periodo presidencial de Rafael Correa; la causa recientemente abierta por el delito de lavado de activos contra Pedro Merizalde, exgerente general del proyecto Refinería del Pacífico, obra insignia del correísmo; o el caso China CAMC en el que este viernes se conocerá si son o no llamados a juicio por cohecho el excontralor Celi, su hermano Esteban, el empresario Pedro Saona y la empresa china del que toma nombre el proceso penal. (I)

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