La investigación en contra de la fiscal Diana Salazar se incluyó en un grupo de doce casos pendientes desde el 2016 que el Consejo de Participación Ciudadana empezará a tratar

La denuncia por presunto plagio que se tramitó en contra de la titular de la Fiscalía General de la Nación , Diana Salazar , se incorporó dentro de un grupo de doce casos de investigación que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decidió conocer y resolver en su pleno con celeridad.El 28 de junio de 2023, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprobó una resolución para conocer doce informes de investigación que tramitó la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en periodos pasados y que están a la espera de un pronunciamiento de los consejeros.El vocal Augusto Verduga planteó la moción para que estos doce informes -que se mantienen en reserva por prohibición legal- sean tratados en las próximas seis semanas: dos cada semana, en sesiones extraordinarias.Apuntó a la necesidad de darle «celeridad a las investigaciones» , pues de estos doce casos, tres son del 2016, tres del 2017, tres del 2019, uno del 2020 y dos del 2021 ; asimismo, porque la Secretaría de Transparencia había solicitado que la Secretaría General le devuelva esos expedientes para hacer una «convalidación» de información, lo que para Verduga era innecesario porque el pleno podía resolver de acuerdo con las investigaciones que hizo el personal técnico.Este pedido tuvo el voto a favor de los siete consejeros, entre ellos, de Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, quienes hacen minoría y suelen disentir de sus colegas de mayoría, pero que ese día resaltaron la propuesta.Antes de aprobarse esa resolución, el presidente Alembert Vera aclaró que no necesariamente se van a resolver dos casos por semana, sino que pueden ser más y aseguró que «no se está seleccionando al azar ninguna». Envió un mensaje a los que denominó los « fans confundidos», para que «no se vaya a pretender establecer dentro de estas actuaciones pertinentes a favor de la ciudadanía ninguna errónea interpretación. Son investigaciones que estaban listas para resolución del pleno», indicó.Según las cifras que mencionó, entre «nuevas y antiguas» investigaciones sumarían unas 380 que requieren pronunciamiento. Al día siguiente de este suceso, en una sesión extraordinaria, se resolvió sobre la investigación a la fiscal Diana Salazar.Las denuncias de un presunto plagio las expusieron Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión que es procesado por delito sexual, Angélica Porras y el juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Richard González , quienes integran el colectivo Acción Jurídica Popular y que solicitaron al CPCCS activar el mecanismo de «audiencias públicas» para exponer sus argumentos. Estas se evacuaron entre el 1 y 2 de junio y a ellas asistió Alembert Vera como moderador.Según las acusaciones, Diana Salazar habría plagiado su tesis para obtener el título de tercer nivel en la carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador (UCE) en un «40 %» y que habría dejado «nueve autores afectados y perjudicados».Esto, pese a que la UCE concluyó en un análisis a la tesis, a pedido de dicho colectivo, que Salazar «es la persona que sin duda alguna elaboró e investigó el tema expuesto en la tesis y finalmente es la persona que defiende en grado oral su trabajo de investigación realizado; en consecuencia, es la autora de ese trabajo. Admitida la autoría por los examinadores en su momento, no cabe poner en duda la veracidad» , cita un documento oficial, en el que se observó «impericia» en la citación de las fuentes consultadas, pero no se mencionó la palabra plagio.Una segunda acusación que es parte de la investigación del CPCCS se articula a un artículo indexado escrito por la fiscal y publicado en una revista jurídica, que tendría un «25 %» de posibles textos copiados.Por este último hecho, señalan que la autoridad habría «copiado» un trabajo de investigación de pregrado de Diego Rodríguez Villamarín, quien a su vez sería funcionario de la Fiscalía, con base en el informe publicado en las redes sociales de algunos de los consejeros.Por ello, la acusan de incurrir en un presunto «tráfico de influencias», tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y de otros como «delito de asociación ilícita», contemplado en el 370 del COIP, y una «presunta falta de ética pública y a los principios de integridad, honestidad y transparencia», establecidos en el Código de Ética de la Fiscalía.Con cuatro votos afirmativos, de Alembert Vera, Yadira Saltos, Augusto Verduga y Johanna Verdezoto, se aprobaron los resultados de esta investigación.Los consejeros Mishelle Calvache y Andrés Fantoni votaron en contra; y, Nicole Bonifaz se abstuvo.Los resultados de este expediente se remitieron al fiscal subrogante, Wilson Toainga, para que proceda con las investigaciones, a la Contraloría General del Estado, a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt), a la Universidad Central, a la Corte Constitucional (CC), a la Asamblea Nacional, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y a otros organismos nacionales.El último informe de rendición de cuentas del CPCCS detalla que en el 2022 se tramitaron 305 denuncias: 14 fueron admitidas y derivadas a la Subcoordinación Nacional de Investigación, 81 derivadas a diferentes instituciones y/o empresas públicas que forman parte del Estado, y 210 denuncias archivadas, porque se relacionaban con procesos judiciales y no cumplían con los requisitos legales para el trámite del Consejo.Así también, durante el 2022 se habían elaborado 30 informes de investigación: 19 fueron presentados para conocimiento del pleno, 10 están en trámite y uno que no fue aprobado.Este 4 de julio de 2023, Vera dijo que se realizaron «16 asignaciones para informes de admisibilidad y 9 impulsos jurídicos»; y recordó que el 28 de junio se aprobó el informe en contra de la fiscal Diana Salazar y el otro caso se «archivó» y que se trataba sobre presuntos «actos de corrupción sobre unas universidades».La autoridad mencionó que, además de plagio, sobre Salazar se ha determinado el «presupuesto de indicios de otros delitos como presunto tráfico de influencias» y que «personalmente» él sugeriría se investigue un posible «uso doloso de documentos falsos y fraude procesal». (I)

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