La elección del contralor del Estado continuaría con 118 postulantes inscritos que no entregarán ‘ningún papel extra’, como el test psicológico

Para el concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado, los aspirantes no requerirán presentar el requisito del examen psicológico, como lo establece el reglamento que guía el proceso; en tanto, la comisión ciudadana arrancaría con la calificación de méritos a 118 postulantes.

El 19 de junio de 2023, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó una codificación del reglamento, para acatar el fallo de un juez de primera instancia de Pichincha que aceptó una acción de protección que se interpuso en contra de este concurso.

Como parte de las medidas de reparación dictadas por el juez Diego Gómez, consta que el proceso eleccionario se «retrotraiga», es decir, vuelva a la fase de verificación de requisitos con base en un reglamento aprobado en julio del 2021 en la presidencia de la exconsejera Sofía Almeida y con ello, dejó sin efecto la otra norma emitida en la presidencia de Hernán Ulloa en abril del 2022.

Con esta codificación normativa se incluyó un punto de acción afirmativa por ser mujer, como lo dispuso el juez; y aunque dicho reglamento establece como requisito la presentación de un examen psicológico, este no será requerido a los concursantes, sentenció el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera.

«No hay que añadir ningún papel extra», zanjó Vera y justificó que para cumplir con esta acción de protección participarán los 118 concursantes que se inscribieron.

«Las personas que se postularon se mantienen. No hay que añadir ningún papel extra. El juez ordena que se admita a las personas que están concursando, con los papeles que tienen, tenemos que acatar esa orden», indicó Vera en declaraciones a periodistas el 20 de junio.

La resolución del CPCCS se aprobó por la mayoría de su pleno, pese a que en la sentencia del juez se señaló «que se descalifique a todos aquellos concursantes que no han cumplido con los requisitos establecidos al momento de la presentación de su postulación, esto es, a aquellos postulantes que no cumplían con los requisitos al momento de la presentación de su carpeta».

La convocatoria al concurso se cerró en noviembre del 2022 y en esta fase se inscribieron 118 concursantes, de los que más de 60 habían incumplido con la presentación de su declaración juramentada, aunque varios fueron admitidos porque la comisión ciudadana -encargada de hacer el concurso- decidió subsanar ese incumplimiento.

No obstante, la resolución del Consejo, según Vera, acata la decisión del juez y el concurso se «retrotrae» a la etapa de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes con una norma de julio de 2021 y sus reformas.

Con ello, Vera descartó que los concursantes deban presentar el requisito del literal m, artículo 21 del reglamento ahora vigente que determina: «certificado de test psicológico de habilidades y/o aptitudes para desempeñarse con solvencia profesional en calidad de autoridad del Estado, emitido con un tiempo no mayor a 30 días antes de la postulación. Este certificado será otorgado por un o una psicóloga industrial, psiquiatra o ramas afines, que ejerza su profesión por más de cinco años».

Adicionalmente, entre otros cambios que regirán a este concurso, está que la comisión ciudadana deberá elegir un nuevo secretario que provendrá de una terna que enviará Alembert Vera, con lo que dejará esa función Jossueth Almeida, delegado de la función Ejecutiva.

Así también, los concursantes no rendirán un examen oral basado en un caso práctico, como se planteó en el reglamento ahora derogado.

Es decir, la calificación para los 118 aspirantes será sobre 100 puntos, de los que 50 serán para los méritos y 50 para el examen de conocimientos o conocida como oposición, con lo que sumarán 100 puntos.

Ese examen escrito lo elaborará un equipo de catedráticos con base en un banco de 2.000 preguntas de opción múltiple, las que serán publicadas por el CPCCS 48 horas antes de que los postulantes se presenten a la prueba; y, las respuestas se divulgarán un día después del examen.

La comisión ciudadana conoció en su pleno la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, en la que se les ordena continuar con el concurso, pero expresaron tener dudas sobre la aplicación del nuevo reglamento para la verificación de requisitos y el fallo judicial.

Los comisionados mantuvieron una reunión el 20 de junio y aprobaron una resolución que será enviada al CPCCS para que se les aclare cómo debe aplicarse la sentencia judicial.

Por ejemplo, esperan precisiones si deben realizar una nueva revisión de los documentos enviados por los candidatos, ya que el juez dispuso que se «descalifique a todos los concursantes que no han cumplido con los requisitos establecidos al momento de la presentación de postulación, esto es, a aquellos postulantes que no cumplen con los requisitos al momento de la presentación de su carpeta».

Un ejemplo que planteó el comisionado Lenin Uquillas fue cómo deberán dar cumplimiento a la resolución del pleno del Consejo, porque al retornar a la fase de admisibilidad, de los 118 inscritos podrían «quedar fuera del concurso un número grande de personas que inicialmente pasaron el primer filtro de requisitos e inhabilidades». Ello, porque varios de ellos no presentaron su declaración juramentada.

En todo caso, como el proceso debe continuar, este jueves los comisionados sesionarían para resolver sobre el inicio de la calificación de méritos de los concursantes. (I)