El allanamiento a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), registrado este 24 de enero de 2025, por parte de la Fiscalía General del Estado, se suma a las acciones que se tramitan en la Corte Constitucional (CC) y Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de tres consejeros del CPCCS de la denominada “liga azul”.
Ellos son los consejeros Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, quienes junto con Nicole Bonifaz conformaron la nueva mayoría que comenzó a operar en la sesión del 22 de enero de 2025, cuando sacaron de la vicepresidencia del organismo a Johanna Verdezoto y colocaron a Yadira Saltos para ese cargo.
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En la misma sesión, los cuatro consejeros devolvieron a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la terna para presidir el Consejo de la Judicatura (CJ) y además ratificaron a Raúl González como superintendente de Bancos para el periodo vigente.
Eso provocó que Roberto Romero, el superintendente de Bancos designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pero no posesionado por la Asamblea, presente una solicitud ante la Corte Constitucional (CC) para destituir a la liga azul y a la consejera Nicole Bonifaz.
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En el documento Romero alega un grave incumplimiento de la sentencia que ratificó su designación en el cargo y pide que se deje sin efecto jurídico la resolución adoptada por el pleno con los votos de Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, en la que ratificó a Raúl González como la cabeza de esa entidad de control.
Igualmente, el activista político Santiago Becdach solicitó a la Corte Constitucional que realice seguimiento al numeral 61 de la sentencia emitida por el organismo de control el 5 de diciembre de 2024 y la haga respetar, pues asegura que pese a la disposición de la Corte, la actuación de la nueva mayoría del CPCCS muestra un flagrante desacato, lo cual constituye un atentado contra el cumplimiento de los mandatos judiciales.
En paralelo, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador emitió un comunicado advirtiendo que las decisiones tomadas por el CPCCS, respecto de la designación del superintendente de Bancos, configuran un escenario de inseguridad jurídica cuando restituye en el cargo como superintendente a Raúl González y desconoce la designación del Roberto Romero von Buchwald.
También causó la reacción del Gobierno, que cuestionó las resoluciones de la nueva mayoría del CPCCS, y además el Observatorio de Control Ciudadano presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Yadira Saltos y Augusto Verduga, vocales del CCPCCS, por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
En el allanamiento registrado el viernes último, en un video difundido por Ecuavisa se registró un forcejeo con el consejero Augusto Verduga, quien se opuso a entregar al personal policial un dispositivo que tenía en las manos, mientras ingresaban a su oficina.
El allanamiento es parte del procedimiento dentro de una investigación previa reservada que abrió la Fiscalía General del Estado en el caso denominado Ligados, donde se procedió a retirar documentos y equipos electrónicos que serán periciados. Esto seguirá en indagación hasta que la Fiscalía pueda determinar que tiene elementos de convicción suficientes para formular cargos.
En tanto, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se espera la convocatoria a audiencia por parte del juez electoral Guillermo Ortega, para definir primero la recusación planteada por Augusto Verduga en contra de la conjueza Ana Abril, dentro de la causa que se tramita en segunda instancia en contra de los consejeros del CPCCS de la denominada “liga azul”.
Una vez resuelta la recusación contra Abril, el juez convocará al pleno para determinar si ratifica o no la sentencia de primera instancia con la que se destituyó a los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, por cometer una infracción electoral muy grave registrada en el 2023. (I)