Los juicios a la fiscal general, Diana Salazar, se archivaron, ¿pero podrían plantear otros los correístas?

El correísmo podría intentar otra vez enjuiciar políticamente a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, una vez que los pedidos que realizaron dos de sus legisladores fueron archivados por el pleno de la Asamblea Nacional el martes 10 de septiembre del 2024, coinciden los juristas Héctor Muñoz y Pedro Cornejo, exasambleísta y exasesor parlamentario, en su orden.

La noche del pasado lunes 9, en medio de gritos y reclamos, la Comisión de Fiscalización aprobó una moción para no calificar estos procesos. En ese momento, la presidencia la ostentaba el legislador oficialista Luis Alvarado, luego que su coideario César Umajinga apelara la presidencia a la correísta Pamela Aguirre.

El pleno conoció el tema la tarde del martes 10 y con 76 votos a favor, 45 en contra y 3 abstenciones decidió archivarlos.

Muñoz y Cornejo coincidieron en que si bien todos los juicios políticos se interponen por “incumplimiento de funciones”, conforme lo indican la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estos deben desarrollarse en acusaciones puntuales e individuales. Entonces, si vuelven a plantear alguno, tiene que ser un proceso diferente y por hechos distintos a los que ya se expusieron en los anteriores, indicaron.

Los legisladores Gissela Garzón y Héctor Valladarez realizaron pedidos de juicio contra la fiscal alegando incumplimiento de funciones por tres motivos.

Garzón dijo que Salazar había actuado sesgadamente en al menos doce casos de connotación nacional y que tuvo falencias en la gestión administrativa de la Fiscalía; mientras que Valladarez afirmó que no investigó casos relacionados con lavado de activos reportados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El constitucionalista José Chalco Salgado opina, sin embargo, que el correísmo ya no podría entablar otros juicios políticos contra Salazar.

“Nadie puede insistir en el juicio político a la fiscal general del Estado porque hay un principio muy sencillo en derecho, el non bis in idem, no dos veces sobre lo mismo. Así que un intento de insistir en el enjuiciamiento político a la fiscal no tiene sentido. Es importante decir que la única causal para un juicio político es el incumplimiento de funciones constitucionales y legales, y eso ya fue ventilado, eso es lo que se debía demostrar en estos juicios. La Constitución es clara, en el artículo 131, sobre la lógica de un análisis de estos incumplimientos. No es sobre una cuestión particular o singularizada. Insistir en esto rompería los principios de seguridad jurídica y debido proceso”, considera.

El artículo 131 señala: “La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado”.

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, Lenín Barreto, quien es miembro de la Comisión de Fiscalización, señaló que todavía no han decidido si insistirán en interpelar a la fiscal.

Agregó que esperan reunirse con la dirigencia del movimiento en estos días para analizar el tema. Pero reiteró que todo lo actuado por la Comisión y el pleno en los últimos días fue ilegal.

“El pleno se arrogó funciones dejando un precedente nefasto, evidenciando el pacto PSC-Construye-ADN para proteger a la fiscal”, dijo Barreto. (I)