El fallo en una acción de protección que favoreció a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, con levantarle la sanción de suspensión en su cargo, trajo secuelas que se sustanciarán tanto en lo penal como en lo legislativo, con el anuncio de un posible enjuiciamiento al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy Naranjo.
Esto ocurre a pocas semanas de que llegue el 28 de enero de 2025 cuando se terminan los seis años de funciones para los que fueron elegidos los vocales del Consejo de la Judicatura actual y, simultáneamente, arrancó la elección de sus reemplazos a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
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Instituciones como la Corte Nacional de Justicia, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado deben proponer nombres para ocupar esos cargos y, entre ellos, no se descarta que Mario Godoy pueda ser uno de los nominados.
La jueza de la Niñez de Quito Nubia Vera Cedeño reafirmó este 26 de diciembre de 2024, ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que había experimentado presiones y amenazas para dictar una sentencia que niegue la acción de protección planteada por la vicepresidenta Verónica Abad, con la que buscaba levantar la sanción de suspensión por 150 días en el ejercicio de la Vicepresidencia, a raíz de un sumario administrativo que sustanció el Ministerio del Trabajo en septiembre pasado.
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Abad se desempeñaba como embajadora de Ecuador en Israel y debido a los conflictos bélicos en el Medio Oriente se ordenó su traslado a Ankara (Turquía) a continuar con sus funciones.
Ella llegó a ese país el 9 de septiembre, pero un viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores había dispuesto que arribe antes del 1 de septiembre. Es decir, la segunda mandataria se presentó ocho días más tarde.
Con ello, el sumario se configuró bajo la causal de ausentarse del lugar de trabajo por tres o más días y la suspendieron por cinco meses de sus funciones sin sueldo, aunque la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) contempla una suspensión de hasta tres meses.
La jueza Vera tramitó el recurso jurisdiccional y, el 23 de diciembre, falló a favor de la accionante porque, esgrimió, le vulneraron sus derechos y ordenó al Ministerio del Trabajo que se disculpe públicamente en un mensaje oficial de medios de comunicación.
Luego de su decisión denunció ante los periodistas que había recibido presiones de parte de funcionarios de la Judicatura e incluso del “mismísimo” presidente Mario Godoy.
La Comisión de Justicia activó un procedimiento de fiscalización y llamó a Vera y a Godoy a comparecer. Este último no asistió y envió un oficio a las 08:08 de este jueves en el que informa que denunció este caso en la Fiscalía General del Estado y que, a nivel privado, propuso una querella por calumnia en contra de Vera.
Por lo que son hechos que están en investigación y pueden ser reservados.
Mientras, el presidente de la mesa legislativa, Fernando Cedeño, de la Revolución Ciudadana (RC), instaló la sesión y escuchó a la jueza que se mostró alterada y bebía continuamente sorbos de agua para no llorar.
Narró que estas acciones empezaron el 27 de noviembre cuando la causa recayó en su despacho y le notificaron de los primeros sumarios administrativos.
Luego, desde el 2 de diciembre de 2024 siguieron una serie de visitas y reuniones inesperadas de los funcionarios del CJ para pedirle que no conceda la acción.
Ese día le habrían “enviado a ver” para que vaya al Complejo Judicial Norte, en donde se encontraban el director provincial del CJ, Henry Gaibor; el asesor de Mario Godoy, Jorge Carrillo, quienes le habrían mostrado los sumarios y que podrían declarar el error inexcusable en su contra, pero que podrían archivarlos.
“Me hablaron de que si negaba la acción de protección, ellos me iban a proteger, me iban a ayudar archivando los sumarios administrativos. Yo sí les pregunté: y si yo fallo mal, contra quién, o a quién le van a plantear el error inexcusable. ¿A ustedes o a mí?”, señaló.
Contó que tuvo que suspender una obra de teatro en el que ella actuaría, prevista para el 4 de diciembre, porque le ofrecieron, presuntamente, comprarle 500 entradas de los 768 puestos que tenía el lugar.
Adicionalmente, le habrían entregado un pendrive con un proyecto de sentencia en el que se negaba el recurso a la segunda mandataria y que recurra a los tribunales contenciosos administrativos.
Esa información se desmaterializó, precisó Nubia Vera, y se trataría de un documento de cuatro hojas.
“Me daba miedo resolver porque con esta amenaza ellos iban a activar esos sumarios con la amenaza de la destitución, la amenaza a mi vida. He vivido los días más terribles de mi vida, pensando que algo me puede pasar. La vamos a destruir, la vamos a destituir, le vamos a acabar la carrera y su vida corre peligro (le decían). Estaba entre la espada y la pared”, describió Vera.
Dijo que en una visita sorpresiva que le hicieron el 17 de diciembre, a la que habría asistido Mario Godoy, incluso le mostraron supuestos mensajes de texto del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, que pedía resolución en este caso.
Además, que le habrían dicho que si favorecía a Abad, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no asignaría $ 11.000 millones al Ecuador para la economía lo que impediría que le paguen su sueldo.
Frente a esos hechos, el legislador de la bancada de Construye Jorge Peñafiel anunció que presentarán en las próximas horas una solicitud de juicio político en contra de Mario Godoy, en la que la principal acusación sería el incumplimiento de sus funciones por no respetar la independencia judicial.
“Esto evidencia que aquí existe una agenda política porque este no es cualquier caso, porque el Ejecutivo tiene un interés directo y estamos ante una causal de juicio político y un potencial delito de obstrucción a la justicia”, manifestó el legislador.
Desde el Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano increpó que hay un señalamiento directo a Mario Godoy, a su asesor directo y al presidente de la Corte Provincial de Justicia, Fabián Fabara, quien fue mencionado por Vera.
Aspiró a que en los próximos días la Comisión de Justicia presente un informe completo que recoja la versión de Mario Godoy, porque el “país merece explicaciones”.
“Es preocupante lo que ha dicho, porque difícilmente alguien que no diga la verdad va a hacer tremendas acusaciones en el seno de una Comisión de la Asamblea. Se llegó al hecho de una oferta de comprar boletos. Es la muestra del estado de putrefacción de este país, en el que no hay integrante del Consejo de la Judicatura que no haya tenido un señalamiento”, lamentó.
Por la bancada de ADN, el asambleísta Roberto Jaramillo, integrante de la Comisión de Justicia, interpeló a la jueza respecto del número de acciones administrativas que ha enfrentado.
No obstante, espera que la Fiscalía General en el marco de las investigaciones pueda recabar los elementos necesarios para comprobar estas presuntas presiones.
En horas de la tarde, Mario Godoy difundió un comunicado en sus redes sociales, en el que aclaró que no fue a la Comisión de Justicia porque hay investigaciones judiciales en curso que se encuentran bajo reserva y que buscan esclarecer los hechos y proteger su honra. (I)