Los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas (RC), proponentes del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, insisten en que incumplió funciones en la irrupción a la Embajada de México en Quito, en la inexistencia del Plan Fénix para enfrentar la ola de inseguridad y en las fugas de Adolfo Macías, alias Fito, y de Fabricio Colón Pico.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional mantuvo las sesiones virtuales para la presentación de las pruebas de cargo y de descargo, con lo cual cierra la etapa de sustanciación de la solicitud de interpelación, y a partir de este sábado, 5 de octubre, empiezan a correr los cinco días para que la mesa apruebe el informe respectivo para conocimiento del pleno de la Asamblea.
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En la primera etapa de exposición de pruebas de cargo, los legisladores hicieron uso de publicaciones periodísticas, videos de víctimas de extorsión y de funcionarios públicos y estadísticas publicadas por instituciones estatales para reafirmar su tesis de que las cifras de criminalidad en el país no se redujeron y de la escasa ejecución presupuestaria para fortalecer a la Policía Nacional para enfrentar el conflicto armado interno.
También cuestionaron a los testigos de la acusada, pues dijeron que la mayoría trabaja en el Ministerio del Interior a su cargo y por eso no gozan de imparcialidad. Al acabar sus exposiciones pidieron a los miembros de la mesa legislativa que se recomiende al pleno el juicio político a la ministra Mónica Palencia por conductas antijurídicas, por acción y omisión, en las que habría incurrido la funcionaria.
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Pruebas de cargo
El proponente Leonardo Berrezueta (RC), al referirse a la irrupción en la Embajada de México en Quito, ocurrida en abril pasado, cuestionó que la ministra se haya excusado por conflicto de intereses y expuso que mejor debió haber renunciado al cargo para que así otro funcionario hiciera cumplir la norma constitucional y los tratados internacionales. Más allá de aquello, añadió, sí era su responsabilidad, por más que no haya estado en las sesiones donde se decidió el ingreso violento a la sede diplomática; por lo tanto, dejó de cumplir sus funciones.
Agregó que la acusada dejó de ejercer la rectoría en sus políticas públicas; en este caso, dejó de actuar al no garantizar la seguridad jurídica al personal diplomático y, con ello, violentó la normativa internacional al permitir que la Policía Nacional efectúe hechos violentos en una misión diplomática, lo que ha llevado al Ecuador a litigar en la Corte Internacional de Justicia por la falta de probidad y cumplimiento de lo que ordena la ley y la Constitución, así como también la Convención de Viena, sobre asilos diplomáticos.
Berrezueta afirmó que en el juicio político no se discute la razón o el motivo por los que el asilado Jorge Glas tiene sentencias, pues es evidente que es resultado de una persecución constante de todos los Gobiernos. Recordó que el objeto del juicio político es la falta de cumplimiento y respeto a la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Por lo tanto, debió haber evitado el ingreso de la Policía a la Embajada de México.
Seguridad
Los dos legisladores centraron su exposición de pruebas en la supuesta falta de accionar de la ministra Palencia para garantizar seguridad a los ecuatorianos. Para ello, la legisladora Paola Cabezas expuso videos, declaraciones de funciones, estadísticas e informes de instituciones públicas para fundamentar que las cifras expuestas y las declaraciones de la ministra acusada sobre la reducción de muertes violentas no coinciden.
Paola Cabezas mostró algunos videos, hechos noticiosos y declaraciones del comandante de la Policía y afirmó que demuestran que no se han reducido las muertes violentas en el país: “Se puede de manera comprobada decir que las cifras que presenta la ministra Palencia a la ciudadanía constituyen una información falsa”.
Por eso, añadió la legisladora: “La sociedad concuerda con nosotros. Los padres de familia, las familias y la ciudadanía en general están conscientes de que la ministra ha incumplido sus funciones, como lo hemos demostrado en nuestra primera etapa de práctica de pruebas audiovisuales”.
Los dos legisladores utilizaron las tres horas para fundamentar sus acusaciones, en las que también la responsabilizaron de las fugas de Adolfo Macías, alias Fito, y de Fabricio Colón Pico, vinculados a grupos delictivos y de narcotráfico.
El legislador Berrezueta afirmó que la búsqueda, localización y captura de Fito es una responsabilidad del Ministerio del Interior y que han pasado más de 200 días sin que la ciudadanía conozca acción alguna, realizada por la Policía Nacional, para ubicarlo.
Los dos acusadores señalaron que es evidente que no existe un documento que avale o que al menos indique que existe el Plan Fénix para enfrentar el terrorismo y el crimen organizado, y cuestionaron que entre el Ministerio de Defensa y del Interior haya contradicciones sobre su existencia y reserva.
En la exposición, la asambleísta Paola Cabezas se consideró perseguida política, porque dijo que apenas presentó el juicio político contra Mónica Palencia empezaron las persecuciones, como el hecho de que en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se active una acción en su contra por supuesta anticipación de campaña electoral en las elecciones de 2023.
En torno al uso de presupuesto para seguridad, la legisladora Paola Cabezas (RC) dijo que la ministra recibió recursos por $ 29 millones, mientras que el Municipio de Guayaquil destinó $ 32 millones de inversión en seguridad ciudadana; que la Alcaldía de Samborondón invirtió $ 712.500 para la parte operativa, mientras que para la infraestructura policial fueron $ 115.655, que comprenden el transporte y vehículos.
La legisladora dijo que no existe coordinación real con las autoridades locales, no existe articulación con los Gobiernos autónomos descentralizados, y cuestionó que las “cartillas y las guías” pretendan reemplazar la obligación de crear los consejos provinciales de seguridad.
Cabezas también responsabilizó a la funcionaria por la falta de protección de la directora de la Penitenciaría del Litoral, María Daniela Icaza, y afirmó que la dejaron en el abandono, lo cual —dijo— determina una débil institucionalidad y que no hay una política sincronizada para brindar seguridad a los funcionarios del SNAI. (I)