Juicio político contra Guillermo Lasso llega a la deliberación de nueve jueces que marcan distancia de los actores políticos y sociales

La preparación del proyecto de dictamen de admisibilidad de juicio político planteado en contra del presidente del Gobierno, Guillermo Lasso, empezó desde la noche del 24 de marzo, con la solicitud de información a la Asamblea Nacional. Al terminar la tarde del viernes, en una sesión extraordinaria, el pleno de la Corte Constitucional (CC) participó de una audiencia pública en la que se sorteó el magistrado que elaborará el dictamen de admisibilidad del primer juicio político a un presidente de la República desde la vigencia de la Constitución de 2008.De un ánfora de cristal, el presidente del organismo, Alí Lozada, escogió al azar un papel en el que constaba el nombre de la jueza Teresa Nuques Martínez , quien será la ponente del texto.En el mismo acto, ella recibió la documentación que respalda la solicitud de juicio político que impulsan los legisladores de oposición al régimen, Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES); Mireya Pazmiño, separada de Pachakutik (PK); Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano (PSC); y, Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática (ID).El caso se signó con el número 1-23-DJ y al avocar conocimiento del proceso para proceder con la admisión, Nuques ordenó que hasta las 11:30 de este 25 de marzo, la Asamblea Nacional remita las copias íntegras del expediente de juicio político “en donde se incluyan todas las peticiones, solicitudes, resoluciones, votaciones y actas” de las sesiones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), “en especial la resolución del 20 de marzo de 2023 y todo el respaldo de las actuaciones que se hayan realizado dentro de la presente causa”. Hasta el cierre de esta edición, los documentos no ingresaban en el sistema documental.Según el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) la jueza tiene un plazo de tres días para presentar su proyecto, que se contabiliza a partir de la fecha del sorteo. Por lo que se prevé que el lunes presente su ponencia.Ella revisará si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución; si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución. Y, si en consecuencia, procede o no iniciar el juicio político.Presentada su propuesta, el presidente de la Corte convocará a sesión en las 24 horas siguientes y el dictamen se emitirá en las 48 horas y se resolverá con las dos terceras partes de los jueces, es decir, con el voto de seis de los nueve jueces.En los cuatro años de gestión de este último pleno será la primera vez que en los quince años de vigencia de la Constitución se tramite un pedido de juicio político a un presidente de la República.En el 2017, la anterior Corte Constitucional, cuestionada por su cercanía al expresidente Rafael Correa, dio paso a un juicio político al exvicepresidente, Jorge Glas, acusado de incurrir en concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.El pedido llegó durante el cambio de gobierno: de Rafael Correa a Lenín Moreno, que aunque ambos respondían a las filas del movimiento Alianza PAIS (AP), rompieron su relación política y de amistad.Esta Corte se reconoce como independiente y en el último año dio una sorpresa al destituir a siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por incumplir con una de sus sentencias, en la que ordenó designar al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).El expresidente del CPCCS, Hernán Ulloa, se vio confiado de que la CC no lo destituiría, pues creyó que se inclinarían por mantener la institucionalidad. Pero, el 23 de enero de 2023, se le notificó de su destitución: “No pensábamos que una decisión así se iba a tomar”, expresó Ulloa con asombro.Ahora, los asambleístas y grupos sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) han hecho llamados a los jueces para que se pronuncien sobre este juicio político y no descartan protagonizar movilizaciones para ejercer presión hacia dar paso a la interpelación.Anticipándose a esas medidas, el presidente de la Corte, Alí Lozada, pidió la “cooperación” de los sectores políticos y sociales para que su independencia en la toma de decisiones “sea ejercida sin presiones y con absoluto respeto”.“Ecuador debe estar seguro de que la decisión que vaya a tomar la Corte será estrictamente apegada a la Constitución y será una muestra más de la independencia que caracteriza a la Corte Constitucional”, precisó Lozada en la sesión del viernes.La composición de la Corte es de nueve jueces de los que seis llevan en funciones desde enero del 2019 y fueron designados por el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición que presidió Julio César Trujillo (+).De ese proceso, se mantienen Enrique Herrería Bonnet, Karla Andrade Quevedo y Teresa Nuques Martínez, que provinieron de un listado que envió el expresidente del Gobierno Lenín Moreno.Por la postulación que hizo la Función de Transparencia y Control Social están Daniela Salazar Marín, Carmen Corral Ponce y Alí Lozada Prado.Del listado de la Asamblea Nacional no hubo jueces principales electos.En la última renovación parcial, que se efectuó en febrero del 2022, se incorporaron los magistrados Richard Ortiz Ortiz, Jhoel Escudero Soliz y Alejandra Cárdenas Reyes.Ortiz y Escudero provinieron de la terna que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso; y, la jueza Alejandra Cárdenas, que fue nominada por la Asamblea Nacional. Teresa Nuques , abogada por la Universidad Católica de Guayaquil, tiene estudios en el exterior. Catedrática, fue directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil; integrante de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París; responsable de la Oficina de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial; árbitro de las Cámaras de la Producción de Azuay y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Carmen Corral, vicepresidenta de la CC, es abogada por la Universidad Católica del Ecuador (PUCE); estudió dos maestrías en Estados Unidos y se ha especializado en seguridad social y derecho laboral.Ello la llevó a ser intendenta nacional de Seguridad Social en la Superintendencia de Bancos en el 2007 y creó la unidad del Sistema Nacional de Seguridad Social.El juez Enrique Herrería es abogado por la Universidad de Guayaquil; estudió diplomados y posgrados en Estados Unidos y España y es reconocido por su carrera política.Fue intendente general de la Policía del Guayas entre 1988 y 1992; asesor jurídico de la Junta Cívica de Guayaquil; diputado por la Izquierda Democrática (ID) entre 1998 a 2003.Fue magistrado del extinto Tribunal Constitucional del Ecuador entre el 2003 y 2004; y, asambleísta en el periodo 2009-2013 en representación del Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero, de la que se separó. Luego fundó el Observatorio de Derechos y Justicia en el 2014 y fue árbitro de la Cámara de Comercio de Guayaquil.El juez Alí Lozada Prado preside la Corte desde el 2022, cuando se produjo la primera renovación parcial y es abogado por la PUCE.Siguió sus estudios en España y sus primeros pasos por la abogacía se dieron en la extinta Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción, en donde fue asistente jurídico desde 1997 hasta el 2004.Representó al Ecuador en el Comité de Expertos de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA); fue asesor en la extinta Agencia de Garantía de Depósitos y se ha desempeñado como consultor en varias organizaciones de derechos humanos regionales y también como catedrático. Daniela Salazar reconocida por su experiencia en materia de derechos humanos es abogada por la Universidad San Francisco de Quito. Catedrática y consultora en organismos como Human Rights Watch (HWR), en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en la Unesco y otras más.La magistrada Karla Andrade, abogada por la Universidad San Francisco de Quito, siguió sus estudios en el exterior y se ha especializado en derecho constitucional.Fue asesora entre el 2012 y 2015 del exmagistrado de la Corte, Fabián Jaramillo Villa; analista en la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades); y parte de staff de abogados; catedrática y ha participado en consultorías para organismos nacionales e internacionales. Richard Ortiz se formó en la PUCE y tiene un doctorado en Ciencias Políticas en una universidad de Alemania y ha sido docente.En el gobierno de Rafael Correa fue asesor en la Asamblea Constituyente entre el 2007 y 2008. Luego secretario del primer Tribunal Contencioso Electoral, que se instaló en la transición, entre el 2008 y 2011.Cercano al exasambleísta correísta Mauro Andino, que presidió la Comisión de Justicia de la Asamblea, fue su asesor y secretario de esa mesa legislativa.El juez Jhoel Escudero es abogado por la Universidad Central del Ecuador y ha obtenido otros títulos. Entre el 2009 y 2014 fue asistente, asesor y coordinador académico de la Corte Constitucional que presidió Patricio Pazmiño , cercano al expresidente Correa; también consultor del extinto Ministerio de Justicia en el 2008 y fue parte del Instituto Regional de Protección de Derechos Humanos (Inrehd).Actuó como rector subrogante entre el 2018 y 2021 del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), donde también es docente, así como de la UDLA, la Universidad Andina, entre otras. Alejandra Cárdenas es licenciada en Ciencias Públicas y Sociales y abogada por la Universidad Central del Ecuador, es catedrática en la UDLA, el IAEN y otras entidades.Entre el 2006 y 2011 laboró en la Defensoría del Pueblo y ha sido consultora de varios grupos de la sociedad civil. (I)

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