Pese a que los asambleístas interpelantes dentro del juicio político contra la exministra de Energía Andrea Arrobo eran Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC), y dos del movimiento Construye, Jaime Moreno Félix y Ana Galarza, solo esta última asistió para fundamentar ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que la exfuncionaria incumplió funciones en la crisis energética de abril pasado.
En la sesión número 87, convocada para las 08:00 del sábado 9 de noviembre último, no solo se esperaba escuchar la fundamentación existente de parte de los tres legisladores interpelantes de por qué se debía censurar a la exministra del Gobierno de Daniel Noboa, sino que también se pretendía escuchar de viva voz los argumentos y pruebas de descargo que la exfuncionaria pública mantenía para asegurar lo ya expuesto en un documento enviado a la mesa, respecto a que funcionarios del Gobierno actual conocían la situación del sistema energético del país.
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Galarza arrancó su intervención recordando que este juicio político se inició debido a la denuncia que interpuso el entonces secretario de la Administración, ahora ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, en contra de la exministra Arrobo y 22 funcionarios más, a quienes se acusaba del delito de paralización de servicio público y traición a la patria. Esto debido a que en abril pasado Ecuador sufrió apagones generales.
Este proceso de fiscalización, dijo la legisladora de Construye, busca determinar la verdad de un supuesto fraude contra los ecuatorianos al no haber dado mantenimiento, un buen uso a las instalaciones de generación de energía eléctrica y definir quiénes sabían y quiénes no tomaron las decisiones adecuadas: “No es posible que los culpables de todas estas irresponsabilidades siempre se queden como si no hubiese pasado nada”.
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Algo que aclaró la legisladora Galarza es que, si bien es cierto este juicio político es en contra de la exministra Arrobo, otros ministros del Gobierno actual tampoco tomaron las medidas correspondientes y coadyuvaron para que el país se encuentre con apagones, con pérdidas de miles de millones de dólares en el sector productivo y con decenas de miles de personas perdiendo sus empleos.
“Hay que decirlo: por un lado, el Gobierno sí conocía la crisis; pero, por otro lado, la ministra que tenía la responsabilidad de efectuar todo lo necesario para evitar que tengamos apagones y la crisis que generan los apagones no hizo lo que tenía que hacer, no hizo lo suficiente y eso es un incumplimiento de sus funciones. Sus funciones no eran tener al país a oscuras”, sostuvo la interpelante.
La sesión se instaló bajo la conducción del vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Ricardo Alvarado, y estuvieron presentes ocho de los nueve integrantes de la mesa. No asistió la presidenta de la mesa y asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Pamela Aguirre.
Aunque reconoce que debe ser comprobado todo lo señalado por la exministra interpelada, resaltó en su exposición la legisladora Ana Galarza el que Arrobo ha mencionado en sus pruebas de descargo que el Gobierno sí sabía de la situación del sistema energético. Más allá de lo expuesto en un documento enviado a la mesa, la asambleísta cree que ha sido una posición irresponsable la adoptada por Arrobo, pues en lugar de dar explicaciones por escrito ella debió asistir personalmente a la Comisión y dar la cara no solo a quienes la interpelan o los asambleístas, sino al país.
“A nosotros nos corresponde sancionar a una autoridad, a una ministra que por los motivos que sea no cumplió con precautelar la generación de energía eléctrica del país, no se esforzó en diversificar la generación de energía eléctrica, no se esforzó por repotenciar las otras opciones de generación de energía eléctrica que hay en el país distintas a la generación de energía hidroeléctrica. Y las consecuencias, vuelvo a repetir, las asume el pueblo ecuatoriano”, explicó Galarza, quien aspira a que la Comisión de Fiscalización pueda tener un informe unánime donde se señale la irresponsabilidad de este Gobierno, el cual —insistió— nombró a una ministra que no hizo lo que tenía que hacer, afectando así al país.
El legislador Ramiro Vela, integrante de la Comisión, dijo que le habría gustado que en los argumentos de la asambleísta Galarza se escuchara algo más, porque con las 25 páginas entregadas por la exministra Arrobo dentro del proceso de fiscalización el país se queda con muchas dudas.
“Dar cátedra de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer cuando nosotros tenemos dos informes de fiscalización, y esto no es cuestión de defender una ministra, pues si ha incumplido tendrá que ir a juicio político. Pero claramente los informes dicen que desde hace siete años no se ha invertido en el sector eléctrico, así que no es en los últimos diez meses. También hay que hacerse cargo de lo que los Gobiernos anteriores no hicieron. Hay que recordar que el ministro Arosemena, del Gobierno de Guillermo Lasso, le retiró la plata que hasta ahora no se le puede devolver a Celec ni se le puede devolver a la CNEL”, refirió Vela.
Sofía Espín, de la RC, calificó de penoso el que los otros dos interpelantes de la exministra Arrobo no estén en la sesión también defendiendo las pruebas de cargo que ellos han presentado y argumentando por qué se debería censurar a una ministra y defendiendo lo que han presentado a la Comisión de Fiscalización. “Me parece penoso, no es correcto, pues estamos hablando de un tema muy grave para el país”, afirmó.
La legisladora del correísmo afirmó que, luego de las comparecencias y la información entregada a la mesa de Fiscalización, ya no solamente se puede hablar de una supuesta culpabilidad de Andrea Arrobo como ministra, sino que se debe señalar que en realidad el culpable de todo lo ocurrido es el Gobierno nacional.
“La información que nos envía la señora Andrea Arrobo es que ya informó oportunamente a otras autoridades de lo que estaba pasando. Informó al señor Arturo Félix Wong, en ese momento secretario de la Administración Pública. Es decir, hablarle a él era como hablarle al presidente (de la República). Entonces, no solamente se puede decir que si vamos a censurar a una ministra, si vamos a pasar un informe, se puede hablar solamente de ella. Tenemos que hablar de todos los que conocían la crisis y que la usaron como chivo expiatorio para no perder el proceso eleccionario que se venía a continuación”, sostuvo Espín.
Al final de la reunión, quien dirigía la sesión pidió al secretario que se certificara si la exministra Andrea Arrobo había comparecido vía telemática. La respuesta fue que no. Con ello, se cerró la sesión y desde ese momento la Comisión tiene cinco días para realizar el informe para conocimiento del pleno. (I)