Poco más de dos meses se mantiene dentro del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía la jueza de Pichincha que rindió su testimonio anticipado a mediados de marzo pasado dentro de lo que ahora se conoce como el caso Vocales, pues son dos integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) con esas funciones los que están a la espera de una audiencia de formulación de cargos por el delito de tráfico de influencias.