Con la finalidad de que la suspensión de tres meses decidida por dos votos del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) quede sin efecto y se declare la vulneración de derechos, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, presentó la mañana de este jueves una acción de protección contra el órgano de gobierno, administración, control y disciplina de la Función Judicial.
La presentación de la medida constitucional que recayó en el juez de Pichincha Santiago Altamirano se dio a poco más de un mes de que con los votos a favor del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y del vocal de este organismo, Xavier Muñoz, se decidió la suspensión por tres meses de Macías.
Supuestamente la suspensión temporal del juez nacional se dio por sus actuaciones como juez de la Sala Penal de la CNJ y ante una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Las Torres e investigado por el delito de cohecho en el caso China CAMC.
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Macías cree que la decisión con dos votos a favor vulneró la independencia judicial, la seguridad jurídica y eso ha quedado plasmado en las actas y las grabaciones de las sesiones.”Es una decisión tomada solamente por dos vocales sin cobertura legal, es arbitraria, no tiene sentido siquiera”, refirió el juez suspendido, quien aclara que la medida temporal está basada en la denuncia de Esteban Celi, sino en argumentos que el CJ ha tomado por cuenta propia y ni siquiera con base legal, sino que lo adoptaron porque creyeron que era lo adecuado a su parecer.
De la medida contra Walter Macías se conoció la mañana del 11 de mayo pasado, horas después de que el también juez de la Corte Nacional Felipe Córdova por no haberse justificado la causal de recusación de enemistad manifiesta planteada por la vocal del CJ, Maribel Barreno, en contra de Macías, decidió declarar sin lugar la demanda.
La recusación planteada por la vocal se dio poco antes de que Macías, el 4 de mayo pasado, instale la audiencia de formulación de cargos que solicitó la fiscal general Diana Salazar contra Barreno, el también vocal de la Judicatura, Juan José Morillo, y el juez de Pichincha, Vladimir Jhaya. A todos se los investigaba desde el 15 de junio de 2022 por tráfico de influencias y se les inició una instrucción fiscal el 7 de junio último.
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Los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo se abstuvieron en la votación en la que se suspendió al juez Water Macías y solo el vocal Fausto Murillo votó en contra de la decisión.
El juez nacional suspendido sostiene que se ha demorado en presentar esta acción de protección porque el CJ ha sido ágil para la suspensión, sin embargo para remitir los documentos que él ha solicitado se ha tomado como un mes. Lo que pide Macías es que quede insubsistente la suspensión, se le restituya en el cargo, se pidan las disculpas públicas del caso y quede definido que no puede repetirse un hecho como este porque afecta a la independencia judicial. (I)
