La Contraloría General del Estado (CGE) determinó inconsistencias en el análisis de siete declaraciones patrimoniales del juez de la Corte Constitucional Alí Vicente Lozada Prado, al establecer que no se justificó el origen de $ 7.184,57 y 17’173.560 pesos chilenos ($ 18.547,44) y pidió a la Fiscalía investigar.