El Tribunal de Apelación que ratificó el sobreseimiento de nueve militares en servicio activo y pasivo que fueron acusados del asesinato de un policía y dos militares durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), antes de resolver el pedido de declaratoria jurisdiccional por “dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable”, dispone que Claudia Romero, fiscal que acusó a los nueve procesados, en el término de diez días presente un informe motivado sobre sus actuaciones en la causa.