Para evitar el abuso de acciones constitucionales, la Corte Constitucional emitió un fallo el 8 de junio luego de analizar una acción de protección concedida en ambas instancias en contra del Banco Central. Determinó que los jueces que conozcan garantías jurisdiccionales como habeas corpus, data o acciones de protección pueden ser sujetos de sanción penal por prevaricato si proceden en contra de norma expresa, pero no por decidir estos fallos. La decisión es vista con positivismo por expertos del derecho, pero que aún consideran que la Fiscalía General del Estado debe presentar un pedido de ampliación.