Jaime Moreno, legislador de Construye, es uno de los interpelantes en el juicio político de la exministra de Energía Andrea Arrobo, que en principio debía realizarse el pasado miércoles, 5 de diciembre del 2024. Pero en la noche previa la exfuncionaria divulgó una carta en la que dijo que no iría porque temía por su integridad y la de sus allegados si exhibía los chats que supuestamente mantuvo con el presidente Daniel Noboa en los que él le habría prohibido que le informara al país sobre los problemas eléctricos que se avecinaban, por la cercanía de la consulta popular de abril pasado. Por ello, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, aplazó esa sesión para este viernes, 13 de diciembre del 2024.

¿Qué expectativa tiene usted como interpelante sobre la presencia de Arrobo en el pleno? ¿Cree que acudirá?

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Yo espero que asista para saber la verdad en torno a la crisis energética, teniendo en cuenta que ella misma dice en su comunicado que tiene información importante. La presidenta de la Asamblea manifestó que hará gestiones para garantizarle su integridad y su seguridad para que pueda asistir, así sea de manera telemática, al pleno, y pueda responder en el juicio político y contarle al país los motivos por los cuales ella incumplió funciones y ocultó información.

¿Y de qué le sirve que la Asamblea le diga que le va a garantizar seguridad si cuando salga de ahí es que ella y su familia podrían correr riesgos por lo que diga?

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La presidenta de la Asamblea no fue clara en qué mecanismos activará (para protegerla), pero lo que considero es que, primero, se le debe hacer un análisis de riesgo y, luego, solicitarle a la Fiscalía que la ingrese en el Programa de Víctimas y Testigos. Ahí sí creería yo que su integridad puede ser salvaguardada luego del juicio político. Eso está en manos de la presidenta de la Asamblea y ella hará las gestiones pertinentes, pero al final del día quien toma la decisión de si asiste o no es la exministra. Igual nosotros podemos juzgarla en ausencia.

Yo no recuerdo otra ocasión en que el interpelado haya dicho que no iría al pleno y se aplazara el juicio para convencerlo de que fuera. Usualmente se ha juzgado en rebeldía. ¿Por qué se hace esta excepción?

En el juicio político de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, se suspendió porque la primera vez no llegó.

Sí, pero no llegó por una descoordinación logística, no porque haya dicho que no iría.

Pero, bueno, no llegó y se suspendió. En este caso pasa lo mismo: no llegó la interpelada y se suspendió; seguramente en la segunda ocasión en que no llegue ahí si ya no se podría suspender. Pero también recordemos que, más allá de lo que ella ha manifestado, existe una garantía constitucional que es el derecho a la defensa, y para que ella la pueda ejercer, pues, se le está dando una segunda oportunidad. Yo coincido en ese sentido con la presidenta de la Asamblea en que deberíamos agotar todas las instancias para que ella pueda asistir y ejerza su derecho a la defensa.

¿Pero es por eso en verdad o porque lo que ella diga puede también usarse políticamente?

En mi caso particular, lo que yo espero es que ella asista para que diga la verdad, porque yo no tengo dudas —y lo puedo demostrar— de que ella efectivamente incumplió funciones. Ahora, ella dice que las incumplió por supuestas instrucciones del presidente de la República y ella dice que lo puede probar. Yo creo que el país necesitaría saber esa verdad; por eso, se le ha dado esta oportunidad.

Y si ella asiste y hace estas afirmaciones de que no la dejaron decirle al país lo que se venía y las prueba, ¿qué se hace con esa información? ¿Se iniciaría un proceso de interpelación al presidente Noboa?

Habría primero que analizar lo que ella diga y lo que ella pueda demostrar. Si efectivamente ella puede demostrar la responsabilidad que ella dice que tiene el presidente de la República, las distintas bancadas, los distintos legisladores seguramente harán su análisis y, de ser del caso, podrían proponer juicios políticos en contra de la persona o las personas que tengan responsabilidad política, que obstruyeron que se diga la verdad de la crisis energética y poder tomar acciones para tratar de que no lleguemos a los racionamientos.

Durante la sustanciación del juicio político en la Comisión de Fiscalización se abrió el espacio para presentar pruebas de cargo y de descargo. ¿En algún momento ustedes conocieron la existencia o la presunta existencia de estos supuestos chats que Arrobo menciona en su carta?

No, dentro de la sustanciación del juicio político en la Comisión no hemos tenido acceso a ningunos chats. Ella remitió por escrito su descargo de 25 hojas con unos anexos, en el cual manifestaba cosas como que había incorporado 220 megavatios de generación térmica al Sistema Nacional Interconectado, cosa que no es real; que tenía planificada ya la solución a la crisis energética incorporando nueva energía termoeléctrica hasta agosto de este año, situación que no pudimos evidenciar; y cosas técnicas en ese sentido que son fáciles de desvirtuar porque no las acompañan las pruebas necesarias para sostener lo que aseveró en su comunicado. Y en esas 25 hojas y anexos no hay ni un solo chat de ella con nadie.

Como interpelante, ¿cuáles son las pruebas que presentará en el pleno para demostrar que ella incumplió funciones?

Existen dos oficios del Cenace con fecha 28 y 29 de febrero en los que claramente se le explica a ella, en su calidad de ministra de Energía y Minas, la situación crítica que estaba viviendo el sistema eléctrico y las recomendaciones o los pasos a seguir para poder paliar el problema y no llegar hasta los racionamientos. Ella no cumplió ninguna de las recomendaciones. No tomó ninguna acción. Y en ese momento se configura el incumplimiento de funciones porque ella, como establece la Constitución de la República, tenía la obligación de garantizar la soberanía energética en el país. (I)