Una audiencia de juicio por seis veces diferida por supuesta delincuencia organizada relacionada con supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 y otra audiencia de juzgamiento por reinstalarse por el presunto delito de delincuencia organizada por la supuesta venta irregular de medicamentos para los hospitales públicos Teodoro Maldonado y Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), son los procesos penales que mantiene abiertos Jacobo Bucaram Pulley, quien fue detenido la madrugada de este viernes 10 de mayo en un operativo policial en la provincia del Guayas.
El nombre del hijo del expresidente de la República Abdalá Bucaram tomó notoriedad nuevamente con la noticia de que él era una de las varias personas que fueron detenidas el 10 de mayo de 2024 en una finca de la vía a la costa, dentro de un operativo policial en el que se incautaron decenas de armas automáticas y de grueso calibre, autos de alta gama blindados. Entre ellas está un posible líder del grupo de delincuencia organizada (GDO) Las Águilas.
La Policía informó la mañana de este 11 de mayo que 34 personas aprehendidas durante el operativo serán puestas a órdenes de la autoridad competente para la audiencia correspondiente en las próximas horas. Esto luego de las verificaciones respectivas, en coordinación con Fiscalía, informó la institución a través de su cuenta de la red social X.
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El primer caso contra Bucaram Pulley se lleva en Quito. El 20 de febrero pasado, pese a las advertencias hechas por el Tribunal de Juzgamiento de que no se dilataría más este caso, ante la inasistencia del abogado del exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, Leandro Berrones, por sexta ocasión se difirió la audiencia de juicio por el delito de delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo y el israelí Sheinman Oren. La diligencia fue declarada fallida.
Los dos Bucaram, Berrones y Sheinman Oren son acusados de que entre marzo y octubre de 2020 habrían planificado y ejecutado actividades ilícitas relacionadas a la negociación de pruebas para la detección de COVID-19 y de mascarillas durante la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador, obteniendo réditos económicos. Para ello, según la Fiscalía, habrían incurrido en otras infracciones penales como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público y evasión tributaria.
Esta diligencia iba a instalarse a poco más de dos años de que fueron llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada los cuatro que llegan a la audiencia de juzgamiento y la peruana Orietta Isabel Marengo. Esta última no fue convocada a la etapa de juicio, pues se encuentra detenida en Perú a la espera de que se concrete el proceso de extradición a Ecuador.
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En octubre de 2021 el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones, el israelí Sheinman Oren y la peruana Orietta Isabel Marengo fueron llamados a juicio por el juez Geovanny Freire, quien sobreseyó en ese momento en el caso a Abdalá y Jacobo Bucaram. Dos meses después, en diciembre y luego de una audiencia de apelación, el sobreseimiento se levantó para ambos por parte de un Tribunal y fueron llamados a juicio el expresidente y su hijo.
En tanto, para el segundo caso, que se lleva en Guayaquil, el juez de la causa ha convocado para este 28 de mayo de 2024 para intentar reinstalar la audiencia de juicio por el delito de delincuencia organizada que aparentemente se dio en dos hospitales relacionados al IESS en medio de la pandemia de coronavirus que vivió el país.
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En este proceso se sobreseyó a los hermanos Michel y Dalo Bucaram y su esposa Gabriela Pazmiño y solo quedó investigado Jacobo Bucaram, junto a Daniel y Noé Salcedo Bonilla; el exgerente del hospital Teodoro Maldonado, Enrique Jairala Zunino; Víctor Paúl Granda, expresidente del directorio del IESS, y tres personas más.
En el caso por delincuencia organizada que se lleva en la Corte del Guayas, Jacobo Bucaram Pulley mantiene medidas cautelares de uso de grillete electrónico, prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad.
En cambio, en el proceso por delincuencia organizada que se analiza en Quito, la fiscal del caso, Lidia Sarabia, habría solicitado una revisión de medidas cautelares para el caso de Jacobo Bucaram.
“Su defensa sabrá manejar el tema, pero que yo sepa, este Tribunal (de Pichincha), ni ningún juez penal en este caso dictó una medida cautelar en contra de los señores Bucaram. Eso fue dictado por una Sala Penal de la Corte de Guayaquil. Así que el juez competente para revisar la medida es la Sala de lo Penal de Guayaquil y no este Tribunal (de Pichincha). Esperemos a ver qué es lo que va a solicitar la señora fiscal, pero ahí se va a armar un incidente procesal, porque donde este Tribunal venga a tratar el tema de la revisión de medidas es obvio que nos vamos a oponer”, señaló en su momento José Moreno, abogado del expresidente Bucaram.
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El hoy detenido Jacobo Bucaram también enfrentó en este último tiempo un proceso penal por el delito de tráfico de bienes patrimoniales, pero en esa causa fue sobreseído. (I)
