Informe borrador no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso Mendoza

El presidente de la República, Guillermo Lasso, no incurrió en el presunto delito de peculado establecido en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, por lo tanto, no se recomienda el enjuiciamiento político del primer mandatario.Esa es la recomendación que se realiza en el informe borrador motivado que presentará el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, respecto a la solicitud de juicio político planteada por cuatro legisladores de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y dos aliados, quienes acusaron al primer mandatario de un presunto delito de peculado en la suscripción de un contrato de transporte de petróleo entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool.Tras los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas se comprobó que no hubo una celebración de dicho contrato en el periodo de gestión del presidente Guillermo Lasso, sostiene el informe borrador contenido en 278 fojas que recoge la parte sustancial del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional sobre la solicitud de juicio, testimonios y documentación aportada en el proceso.En las conclusiones del informe se señala que no se pudo establecer responsabilidad política por peculado sobre los supuestos perjuicios al Estado de parte del presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, relacionado con el mencionado examen especial de la Contraloría General del Estado, por no existir celebración de nuevos contratos entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool en el periodo de gestión del presidente Lasso.En tal sentido no se puede hablar de que la solicitud de juicio político en lo que respecta a las acusaciones admitidas por la Corte Constitucional tengan tal “coherencia narrativa” descrita en el numeral 91, por no existir la suscripción de tal nuevo contrato y, por tanto, lo que establece el numeral 92 del mismo dictamen que describe este hecho como “mínimamente verosímil la red de inferencias fácticas. En lo que respecta, específicamente, a la verosimilitud mínima de la participación del presidente de la República en los hechos acusados (…)” se ven desvirtuados por las pruebas actuadas y recabadas que no demuestran veracidad alguna. Este informe borrador será incorporado en la convocatoria que realizará hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, a una reunión que se efectuará este sábado 6 de mayo. Luego el documento será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a fin de que proceda según lo prevé el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tiene relación con los plazos que deben observarse para la distribución del informe entre los legisladores y posterior convocatoria al pleno para su conocimiento, debate y resolución. Este proceso de juicio político se inició el pasado 16 de marzo cuando los legisladores Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID), con el respaldo de 59 firmas, presentaron la solicitud de juicio al primer mandatario por supuesto delito de concusión y peculado; y, luego de algunos ajustes, el Consejo de Administración Legislativa, el 24 de marzo, admitió a trámite y remitió el documento a la Corte Constitucional para su revisión y dictamen.La Corte Constitucional con seis votos admitió la solicitud de juicio político del tercer cargo de la acusación, concerniente al delito de peculado, y dispuso que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como lo contenido en la sección octava de la solicitud titulada “Otros Indicios que vulneran el principio de confianza”.Once son las conclusiones que tiene el informe borrador motivado sobre el juicio político que conocerán los miembros de la Comisión de Fiscalización.

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