Human Rights Watch advierte retroceso en derechos humanos por nuevas leyes aprobadas en Ecuador

Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por el impacto que podrían tener dos nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador y firmadas por el presidente Daniel Noboa. Según la organización, estas normas representan una amenaza directa a los derechos y libertades de los ecuatorianos, al otorgar amplias facultades al Ejecutivo y a los organismos de seguridad . La primera de estas reformas es la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio, que entrega al presidente la capacidad de declarar un “conflicto armado interno”. Esta figura legal, que ha sido cuestionada por la Corte Constitucional, habilitaría el uso desproporcionado de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden, allanamientos sin orden judicial e indultos a uniformados procesados por delitos cometidos durante estos operativos. A juicio de Human Rights Watch, esta normativa no solo elude los controles constitucionales que rigen los estados de excepción, sino que debilita la rendición de cuentas y abre la posibilidad de ser utilizada de forma arbitraria. Además, permite catalogar como “grupo armado organizado” a cualquier organización integrada por al menos tres personas que ejerzan “violencia prolongada”, dejando esa calificación a criterio de las autoridades. La segunda reforma es la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada el 10 de junio, la cual establece un sistema nacional encargado de coordinar acciones de inteligencia y contrainteligencia, incluyendo a entidades militares, policiales, financieras y penitenciarias. Esta estructura estará bajo la dirección de un funcionario nombrado directamente por el presidente.Entre los aspectos más alarmantes señalados por HRW se encuentra la facultad otorgada al sistema de inteligencia para acceder sin orden judicial a datos privados de ciudadanos, incluyendo comunicaciones telefónicas e información personal. La normativa obliga a instituciones públicas y privadas, incluidas operadoras de telecomunicaciones, a entregar información, vulnerando así derechos a la privacidad y al secreto profesional. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que, si bien es urgente enfrentar el problema del crimen organizado en Ecuador, estas leyes podrían agravar la situación. “La seguridad no se puede construir con legislación apresurada, mal redactada y excesivamente amplia. En cambio, hace falta un debate cuidadoso, salvaguardias sólidas y respeto a los derechos humanos” , dijo la directora. HRW instó a las autoridades ecuatorianas a revisar estas leyes para alinearlas con la Constitución y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. “Los ecuatorianos no deberían tener que elegir entre seguridad y derechos humanos” , concluyó Goebertus. (I)

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