Caso Dhruv: sorteado Tribunal de Corte Nacional que conocerá la apelación contra 18 sobreseimientos

Por sorteo los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Byron Guillén serán los que conozcan la apelación presentada por la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado al sobreseimiento decidido a favor de 18 personas acusadas de un peculado ocurrido en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv por parte del Estado ecuatoriano y la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India.

El Tribunal de Apelación es conformado a casi dos meses de que el también juez nacional Luis Rivera, el 19 de junio pasado, emitió el sobreseimiento durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso. Esta reinstalación demoró casi once meses en concretarse, pese a que lo que restaba era únicamente conocer si se llamaba o no a juicio a los procesados.

La conjueza Mercedes Caicedo reemplazará en la Sala de Apelación a Iván Saquicela, quien es el presidente de la Corte Nacional.

Juez dicta sobreseimiento y revoca medidas cautelares para 18 investigados por peculado en el caso Dhruv

Según Rivera, no se evidenció que entre los elementos planteados para el tipo penal de peculado se encuentren, por ejemplo, el verbo rector del delito: abusar. “Las actuaciones -o si se quiere llamar conductas- no caen en la esfera de lo penal, por lo tanto no hay dolo. A lo cual se suma el siguiente elemento decidor que es el perjuicio económico, factor que en el presente caso tampoco se ha evidenciado”.

La Fiscalía acusó a los 18 procesados, entre ellos, los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa: Javier Ponce y Wellington Sandoval, de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en el proceso para la compra de siete helicópteros a HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C. A. La investigación de la Fiscalía comprendió hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionados con la adquisición de las siete aeronaves, proceso que se formalizó mediante el contrato suscrito el 5 de agosto de 2008.

Una vez conocido el sobreseimiento, la fiscal general, Diana Salazar, rechazó el mismo en audiencia y verbalmente anunció que lo apelaría. La titular de la Fiscalía General considera que existen los “suficientes” elementos de convicción que sustentan la acusación oficial de que en el caso existe el delito de peculado, así como la participación de los hoy favorecidos con el auto de sobreseimiento. La Fiscalía y la Procuraduría solicitaban que los 18 investigados sean llamados a juicio.

En la lista de sobreseídos también están Juan Cortez, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE Antonio Puga; el excomandante de la FAE Rodrigo Bohórquez; el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, Carlos Morales; el exjefe de Estado Mayor de la FAE Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp) Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres.

La audiencia de apelación contra el sobreseimiento se dará sin que pese sobre los procesados alguna medida cautelar de tipo real o personal. En junio pasado Rivera dispuso que se levanten todas las medidas cautelares existentes (prohibición de salida del país, presentación periódica, etc.) contra los investigados, orden que se concretó el 13 de julio pasado con la notificación inmediata a diversas instituciones públicas como registros de la Propiedad de Quito, Migración, Dirección Nacional de Registros Públicos, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, entre otras.

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría deberán exponer los argumentos que contradigan lo dicho por el juez Rivera, quien resaltó que la contratación de los siete helicópteros Dhruv se realizó por $ 45 millones, que las siete aeronaves fueron aseguradas y que si bien hubo cuatro aeronaves accidentadas, respecto de ellas la compañía de seguros canceló el Estado ecuatoriano aproximadamente $ 53 millones. (I)