Fuerzas Armadas obligadas a crear un organismo independiente e imparcial que conozca denuncias de posibles hechos de corrupción en sus filas, por orden de la Corte IDH

Las Fuerzas Armadas de Ecuador deberán crear un organismo independiente e imparcial que conozca las denuncias de presuntos hechos de corrupción que puedan llegar a su seno y que las impulsen sus miembros, según lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) . El 22 de marzo de 2024, el pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su decisión respecto de una demanda que planteó Julio Viteri Ungaretti , un oficial de la Armada Nacional en servicio pasivo, en contra del Estado ecuatoriano en el 2003.El oficial era agregado Naval y de Defensa ante el Reino Unido, representante permanente de Ecuador ante la Organización Marítima Internacional y ante el Consejo de Gobernadores de la Universidad Marítima Mundial en Malmoe-Suecia.Pero fue sometido a sanciones internas por denunciar presuntos hechos de corrupción ocurridos en adquisiciones públicas en noviembre del 2001.En enero del 2003, Viteri presentó una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se conozca su caso y transcurrieron 21 años para llegar a esta sentencia, lo que llamó la atención en el tribunal internacional.La Corte IDH declaró que el Estado ecuatoriano es responsable por las sanciones impuestas por las Fuerzas Armadas a Viteri, pues se violaron sus derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal a no ser sometido a detención arbitraria y a recurrir ante un juez sobre la legalidad de la detención.Además, se violó su derecho a la estabilidad laboral, al igual que la de su familia, ya que migraron al exterior por amenazas de muerte en su contra.Como medidas de reparación integral para las víctimas, la Corte internacional ordenó a Ecuador adoptar reformas legislativas que se adecuen a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y se constituya un organismo «independiente e imparcial con el mandato de recibir denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en las Fuerzas Armadas». Esa entidad deberá garantizar la reserva de la identidad de los denunciantes, la confidencialidad de la información recibida y dar respuesta definitiva a las denuncias en un plazo razonable.Adicionalmente, los canales que se habiliten para recibir denuncias deben dotar de la reserva de la identidad y de la integridad personal al denunciante, la confidencialidad y que se impida su sanción o despido injustificado.En paralelo, el Estado tendrá, en el plazo de un año, que realizar capacitaciones al personal de las Fuerzas Armadas e incluso a las autoridades encargadas de la aplicación de sanciones disciplinarias, sobre la protección a las denuncias que expongan hechos de corrupción o violaciones de derechos humanos. Por los daños inmateriales y materiales, los sufrimientos ocasionados, así como la afectación al proyecto de vida de Viteri y sus cercanos, Ecuador pagará alrededor de $ 170.000 en total. En julio del 2001, Viteri Ungaretti, en su calidad de agregado naval en el Reino Unido, informó al comandante de la Marina de sus sospechas de posibles irregularidades en un contrato, pero un antiguo agregado naval había solicitado al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de ese entonces que se lo sancionara por infringir el reglamento de disciplina militar. Fue arrestado. Luego, en noviembre del 2001 hizo otra denuncia ante el embajador de Ecuador en Londres, Reino Unido, por aparentes irregularidades en la renovación de un contrato de leasing (contrato de arrendamiento de un bien inmueble por un tiempo determinado) y en una contratación por un seguro de aeronaves.El caso tuvo cobertura de la prensa y fue nuevamente sancionado con arresto; por dar declaraciones a medios de comunicación nuevamente fue arrestado. Estos arrestos fluctuaban entre cinco y quince días.Según el relato recogido en el fallo internacional, al exoficial le asignaban tareas que no correspondían a su grado y jerarquía, se lo declaró persona no grata en la Armada, no se le permitía participar en ceremonias y reuniones, y efectivos militares pedían no trabajar con él porque lo consideraban desleal.El comandante de la Marina en ese periodo le había sugerido que pida la disponibilidad e incluso el presidente de la República de ese entonces lo calificó de «chiflado».En el 2002, Viteri viajó a Londres con su esposa e hijos y solicitó asilo político que le fue aceptado, porque se habría confirmado que recibía amenazas y un patrón de ataque que «demostraba un verdadero deseo de venganza».En el país, la extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción investigó el caso y concluyó que se habrían presentado irregularidades en la contratación del seguro de las aeronaves y que existían indicios de responsabilidad administrativa y penal por los presuntos delitos de concusión y cohecho. La Contraloría General del Estado , también en ese periodo, señaló indicios de responsabilidad penal y un perjuicio de $ 23.346. (I)

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