La pena máxima definida para el delito de enriquecimiento ilícito, es decir, cinco años de cárcel, es lo que solicitó en los alegatos de cierre de la audiencia de juzgamiento el fiscal general subrogante Wilson Toainga contra el expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur; mientras que para la abogada Silvana Valladares pidió que el Tribunal defina un tercio de la pena como cómplice de la infracción.