Fiscalía llama al Consejo de Participación a actuar conforme a la Constitución; asegura que a la Judicatura no le correspondió la designación del fiscal general subrogante

Ante la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de oficiar al Consejo de la Judicatura (CJ) para que responda a Manuel Pérez Rendón si dicha institución ha designado al fiscal general subrogante, Wilson Toainga, la Fiscalía aclara que a la Judicatura no le correspondió la nominación de esta autoridad. Se explicó que el CPCCS transitorio, a través de una resolución de 2019 y haciendo uso de las facultades y competencias extraordinarias que la ciudadanía le entregó a través de la consulta popular de 2018, nombró a Wilson Toainga fiscal general subrogante. Para la Fiscalía, la designación se hizo con base en lo definido en el artículo 49 del Mandato de Designación emitido por el CPCCS transitorio, de conformidad con el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en el proceso de designación no tuvo que ver la Judicatura. " (...) En la resolución de designación del fiscal general del Estado se designará como el fiscal general subrogante a quien ostenta el más alto puntaje y categoría de la carrera fiscal, conforme al informe que emita el CJ”. El mismo CPCCS transitorio en el considerando 8 de la mencionada resolución establece “(...) por lo tanto corresponde a este pleno proceder con la designación del fiscal subrogante”, expuso mediante un comunicado la Fiscalía. La respuesta de la institución liderada por la fiscal general, Diana Salazar, llega a solo horas de que a pedido de Pérez Rendón, el equipo de abogados del CPCCS elaboró un criterio jurídico en el que recomienda a los siete vocales solicitar a la Judicatura que informe si Wilson Toainga Toainga fue designado fiscal general subrogante con base en el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial.Manuel Pérez Rendón, el ciudadano que hace el pedido al CPCCS, en su blog personal se identifica como exdirigente estudiantil, “exasesor del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y cofundador del Movimiento PAIS”, que lideró el político y expresidente Rafael Correa.Según la Fiscalía, todo lo señalado sobre el tema Toainga está respaldado por el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, en cuyo literal b establece el alcance material de la potestad normativa del CPCCS que incluye la regulación de los procesos enmarcados en las competencias extraordinarias ya mencionadas. La institución hizo un llamado al actual CPCCS para que actúe conforme dictan la Constitución y la norma. La respuesta relacionada al tema del fiscal Wilson Toainga se suma a la que dio Diana Salazar, la noche del martes último en una entrevista con Ecuavisa, respecto a que no asistirá al llamado que le hizo el Consejo de Participación, presidido por Alembert Vera, para presentarse a una audiencia pública en la que se expondrían documentos en los que supuestamente existiría plagio y fueron presentados por Salazar en el concurso en el que se la seleccionó como fiscal general en 2019. El pedido de audiencia pública llegó desde el colectivo Acción Jurídica Popular y de un abogado que se identificó como Miguel Oleas Benavides. De este colectivo también son parte Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo sentenciado a tres años de cárcel por ser el autor del delito de abuso sexual, y Angélica Porras, exvocal del CJ transitorio, entre otros.“Se están confundiendo las atribuciones de cada uno de estos organismos. Ya se ha remitido la respuesta técnica a través de un oficio, indicando que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene ninguna atribución de llamar a la fiscal a rendir cuentas de nada. La única entidad que puede hacer eso es la Asamblea Nacional. (...) Se está confundiendo este tema de las audiencias públicas con una figura que está establecida en la Ley de Participación, pero que tiene que ver con la gestión pública”, apuntó la fiscal Salazar. Sobre las denuncias de que supuestamente existe un porcentaje alto de plagio en la tesis doctoral de Diana Salazar, una Comisión de Auditoría Académica de la Universidad Central del Ecuador (UCE) fue conformada para analizar el trabajo de grado de la fiscal general y el pleno del Consejo de la Judicatura, la noche del lunes último, intentó, sin éxito, instalar una sesión extraordinaria para tratar un informe jurídico con el que se planteaba la suspensión de la titular de la Fiscalía. La fiscal aseguró que quienes están detrás de todos los pedidos y las denuncias son personas que quieren impunidad, que se han visto afectadas por los casos que lleva adelante la Fiscalía y están involucradas con actos de corrupción, entre las cuales figuran exautoridades como Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República; Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo; el excontralor general del Estado Pablo Celi y hasta empresarios.Insistió en que van tras ella porque “no han logrado controlar a la fiscal general”. (I)

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