Al existir la posibilidad de que a lo largo de estos años funcionarios públicos no entregaron información oficial requerida sobre la operación militar del 30 de septiembre de 2010 (30-S), la jueza de Pichincha Luz María Ortiz dispuso a la Fiscalía investigar si el accionar de varios exministros de Defensa y coordinadores generales de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa incurre en alguna violación a la ley o se adecua su conducta a algún tipo penal.