La fiscal general, Diana Salazar, y su subrogante, Wilson Toainga, podrán permanecer en sus cargos de forma prorrogada, aunque oficialmente, este 8 de abril se acaba su periodo de seis años en funciones para el que fueron electos en el 2019.
La Procuraduría General del Estado dio solución al conflicto generado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que no realizó el concurso público de méritos, oposición e impugnación para la elección de una nueva autoridad en la Fiscalía General del Estado para el periodo 2025-2031.
De manera reservada, el 24 de febrero de 2025, la Fiscalía General elevó a consulta a la Procuraduría si la máxima autoridad (Diana Salazar Méndez) podría mantenerse en funciones prorrogadas, al igual que el fiscal subrogante, Wilson Toainga Toainga, debido a que el CPCCS no ha realizado el concurso para la designación de sus reemplazos.
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La respuesta fue que la “fiscal, en su calidad de servidora de la Función Judicial nombrada para un determinado periodo, puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada a fin de garantizar la representación institucional, asimismo el fiscal general subrogante durará en tales funciones el mismo tiempo y hasta que su titular sea reemplazada”.
De esta forma, Diana Salazar y Wilson Toainga —de aceptar prorrogarse— permanecerán un tiempo indefinido en sus funciones, ya que según los plazos y términos establecidos en el reglamento de designación expedido por el CPCCS, tardaría unos cinco o seis meses en concluir.
A lo que se suma que todavía falta conformar la comisión ciudadana y, dentro del CPCCS, no se descarta que se interpongan acciones de protección de los postulantes o terceros interesados que sientan afectados sus derechos, lo que podría extender por más tiempo la conclusión del proceso de renovación de esta autoridad.
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Este pronunciamiento se produce tomando en cuenta que el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) en su artículo 283 señala que el periodo de funciones del fiscal es de seis años sin posibilidad de reelección, aunque la máxima autoridad “podrá” mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo.
Mientras, el artículo 47 de la misma norma estipula que el fiscal subrogante sustituirá al fiscal general y “en caso de ausencia temporal y justificada ejercerá las mismas funciones que el titular”, pero en caso de ausencia definitiva del fiscal titular “se procederá a llenar la vacante en forma inmediata”.
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Al fiscal subrogante se lo elige en el momento de la elección del fiscal y dura en sus funciones el mismo tiempo que el titular, pero su nominación proviene de la lista de quien ostente el más alto puntaje y categoría de la carrera de fiscal que haya elaborado el Consejo de la Judicatura (CJ).
Pese a este pronunciamiento jurídico de la Procuraduría, depende todavía de la decisión de la fiscal Salazar de prorrogarse.
Por ahora se conoció extraoficialmente que la autoridad había viajado a los Estados Unidos a una actividad académica relacionada con sus funciones.
Adicionalmente, Diana Salazar culmina su periodo de seis años en medio de la incertidumbre por las elecciones de la segunda vuelta del 13 de abril, en lad que se disputan la Presidencia de la República el candidato-presidente, Daniel Noboa Azín, auspiciado por su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7; y, la candidata Luisa González Alcívar, por la alianza correísta de la Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO), listas 5-33.
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González es presidenta de la RC, cuyo líder honorífico es Rafael Correa, expresidente, que fue procesado y sentenciado —junto con otros dirigentes como Jorge Glas— por cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016, que investigó la Fiscalía con Diana Salazar en funciones.
Concurso público para elegir fiscal general sin fecha para iniciar
En la actualidad, el concurso público que debería realizar el CPCCS para designar a la primera autoridad de la Fiscalía tiene solo aprobado un reglamento e integrada una veeduría con más de 540 personas.
El reglamento se aprobó en septiembre de 2024 y recién en febrero del 2025 se admitió a los veedores y se dispuso que se los capacite sobre las funciones y atribuciones que tendrán en esta labor.
Todavía falta que se establezca la normativa para la calificación de méritos de los miembros de la comisión ciudadana, que es la encargada de llevar a cabo las etapas del concurso público.
Si bien el CPCCS designa a la autoridad, lo hace con base en un informe final que contiene las calificaciones de méritos, oposición e impugnación que lo hace esta comisión ciudadana, integrada por diez personas: cinco electas de postulaciones de la ciudadanía o de la sociedad civil; y, los otros cinco provienen de delegaciones de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
El articulado para elegir a un nuevo fiscal general establece en su artículo 11, que en el procedimiento para conformar la comisión ciudadana, la calificación de sus méritos se realizará “conforme los parámetros de calificación de méritos establecidos en el presente reglamento”.
No obstante, en la normativa no consta la mencionada calificación sino, únicamente, los parámetros de puntuación para los candidatos a la Fiscalía que es de 100 puntos: 50 para los méritos, 30 la prueba escrita y 20 el examen práctico.
Andrés Fantoni acusa a la Asamblea de la tardanza en elegir fiscal
Desde el CPCCS, su presidente, Andrés Fantoni, responsabilizó a la Asamblea Nacional de no haber electo a la autoridad —así como a los vocales del Consejo de la Judicatura que también están prorrogados— porque al pleno le falta un consejero, ya que está actuando con seis de sus siete autoridades.
Sin embargo, apenas van dos meses de la falta de uno de los vocales, luego de la destitución de tres autoridades: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor por una infracción electoral.
De su parte, la legislatura está a la espera de un pronunciamiento de la Procuraduría respecto de quién debe ser el próximo consejero de la lista de candidatos con más votos, según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se disputan entre David Rosero y Óscar Ayerve. (I)
