Elección del reemplazo de Diana Salazar en la Fiscalía: eliminar o bajar puntos a una prueba oral, dar puntos por ser abogado, juez o fiscal en una zona rural, entre las propuestas al reglamento

Las primeras propuestas de reglamento para la elección de un titular de la Fiscalía General del Estado van esbozando el perfil que aspiran a tener como postulantes los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) , encargados de preparar el concurso público de oposición y méritos.Desde este martes, 27 de agosto, está previsto que se inicie un proceso interno en el CPCCS para elaborar un proyecto de reglamento para elegir a un nuevo fiscal de la nación que además definiría las posiciones en el interior del organismo, en medio del ambiente preelectoral por los comicios presidenciales de 2025, ya que hay diálogos entre partidos y movimientos y algunos de los consejeros para concretar una posible candidatura a la Asamblea Nacional.Para este 27 de agosto se instalaría una mesa técnica con los siete consejeros y sus asesores para trabajar en el proyecto que, de ser consensuado, se enviará al Área de Coordinación Jurídica para que observe que no se contraríen otros instrumentos primarios.El viernes se sometería a un debate y probable votación en el pleno, de acuerdo con una resolución que se tomó el miércoles anterior.Cada consejero tiene preparado un articulado, pero no todos lo han hecho público.Este lunes, 26 de agosto, a través de las plataformas de comunicación institucionales se divulgó un comunicado del presidente Andrés Fantoni Baldeón en el que expone cuatro puntos que debería tener el documento.Uno de ellos es contar con una prueba oral para estar acorde con el sistema de oralidad que rige a la Función Judicial, los candidatos deben demostrar su capacidad de litigio y manejo de audiencias.También se espera tener probidad notaria intachable que no se reduzca a no tener expedientes judiciales o administrativos en firme, sino rectitud, honestidad e integridad en el ejercicio público.Asimismo, que exista una veeduría internacional que garantice la transparencia y confianza en el proceso, y que exista un tribunal de expertos del más alto nivel en la materia que evalúe los méritos, la prueba escrita y la resolución de los casos prácticos.El consejero Augusto Verduga fue el primero en exponer su iniciativa en la que no se contempla aplicar una prueba práctica u oral porque “se presta para subjetividades” y con él han coincidido sus colegas Nicole Bonifaz López y Yadira Saltos Rivas.De la misma forma, Verduga propuso que en la fase de impugnación o escrutinio público por la falta de probidad, ética o incumplimiento de uno o varios de los requisitos para acceder al cargo, no se admitan aquellos que no estén basados en una sentencia ejecutoriada o una sanción administrativa.Y que tampoco sea motivo de impugnación el libre ejercicio en la abogacía o en la academia de quienes concursen.La consejera Johanna Verdezoto del Salto difundió sus ideas en X y una de ellas es que los postulantes sean calificados sobre 50 puntos y ya no sobre 100. De esos 50 puntos, que 20 sean para los méritos y 30 para el examen de conocimientos; y, a su vez, de estos 30 puntos, que cinco sean para el examen oral y 25 para el examen escrito. Pero, si bien propone quitar 50 puntos a la nota, quiere que haya puntos adicionales por acción afirmativa, como en autodeterminación y por haber sido abogado, fiscal, juez o profesor por un mínimo de tres años en los últimos cinco años en cantones rurales. Podrían sumarse hasta dos puntos, dice su documento. Respecto al examen escrito, Verdezoto plantea que se haga un cuestionario de 40 preguntas y de verdadero o falso con una sola respuesta correcta predeterminada.Las consejeras Nicole Bonifaz López, Jazmín Enríquez y Yadira Saltos mantienen en expectativa los artículos que creen que se deberían cambiar, eliminar o adaptar para el concurso.El vocal Juan Guarderas Cisneros dijo que, aparentemente, el Gobierno de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea le han dado insumos para este articulado y que no permitirá que un movimiento o partido político controle la selección de esta autoridad.Para llevar adelante un concurso, el CPCCS requiere entre ocho y nueve meses; y, en el presente caso, se estima que se tarde por lo menos un año por el uso de las garantías jurisdiccionales de terceros interesados o los mismos concursantes inconformes con los procedimientos.Las etapas que deben cumplirse son las siguientes:

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