Al menos diez meses tomaría desarrollar la elección de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, solo si se llega a cumplir los plazos y términos previstos en los reglamentos que guiarán los concursos públicos, incluso para conformar una comisión ciudadana.
Dentro de cuatro meses, Diana Salazar Méndez completará el periodo de seis años para el que fue elegida en el 2019 por el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición.
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Concluiría su función el 8 de abril de 2025, a los seis años de haber sido posesionada en la Asamblea Nacional.
El Consejo de Participación Ciudadana es el encargado de preparar el camino para esta elección que, en la práctica, estará a cargo de una comisión ciudadana que es la que debe hacer el concurso público de oposición, méritos e impugnación y emitir un informe final.
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En los últimos meses, el Consejo conformó una veeduría ciudadana en la que están 542 personas admitidas y que recibirán, en enero de 2025, una inducción sobre sus atribuciones y prohibiciones para luego ser acreditados.
Originalmente se postularon 561 personas en las 24 provincias, entre las que más de 20 fueron inadmitidas porque debían pensiones alimenticias.
La jurisdicción con el mayor número de participantes fue Guayas con 212; Pichincha, con 126; El Oro con 33; Azuay con 16; Santo Domingo de los Tsáchilas con 16. Su principal tarea será la de “vigilar” la transparencia del concurso público.
También se nombró a dos notarios que darán fe de los actos que se cumpla en el desarrollo de este proceso.
El Consejo aprobó también el reglamento de selección que se publicó en el Registro Oficial (RO) el 30 de octubre de 2024 y en él se establece que el proceso contendrá las siguientes etapas:
- Fase de convocatoria y postulación
- Fase de admisibilidad y reconsideración
- Fase de calificación de méritos y recalificación
- Fase de escrutinio público e impugnación ciudadana
- Fase de oposición y recalificación; y,
- La designación
Esta última es competencia del pleno del CPCCS con base en el informe final que remita la comisión ciudadana con las calificaciones de los méritos, del examen escrito y oral que rendirán los postulantes.
El concurso se puntuará sobre 100: 50 puntos en méritos y 50 en la oposición, que se divide en 30 puntos la prueba escrita y 20 la oral.
De acuerdo con el articulado, el proceso se ejecutaría en alrededor de seis meses, tomando en consideración los términos que se fijaron para las notificaciones y presentación de recursos, que correrán en días hábiles.
Los términos más amplios serán en la fase de la convocatoria en la que se dará diez días para que los interesados se inscriban y otros diez días para verificar el cumplimiento de requisitos y que no estén incursos en inhabilidades o prohibiciones.
Precluida la fase se pasará a la impugnación, en la que la ciudadanía o la sociedad civil podrá objetar a los postulantes por falta de probidad, ética o por incumplir requisitos, como por ejemplo, adeudar pensiones alimenticias o al Seguro Social.
Pero antes, se debe integrar la comisión ciudadana.
Este es un cuerpo colegiado que agrupa a diez personas: cinco en representación de la “ciudadanía” y cinco de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Judicial y de Transparencia y Control Social.
En la actualidad hay un reglamento para elegirlos, que sería reemplazado por una nueva norma, para lo que están solicitando a las áreas administrativas que remitan propuestas y sugerencias a la coordinación jurídica para que elabore un proyecto para aprobación de los consejeros.
Para seleccionar a los ciudadanos, el Consejo hace un concurso en el que se les califica méritos y deben superar la impugnación. “Los cinco principales y suplentes se escogen de un sorteo de entre los 30 mejor calificados que se postulen y cumplan con los requisitos que determine la ley”, precisa la ley del CPCCS.
Para ser comisionado deben acreditar los mismos requisitos que para ser consejero de Participación, “además de demostrar conocimiento y experiencia en los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a ser designada o en gestión pública”, dice la norma.
Respecto de los representantes de las funciones del Estado, deben cumplir con los requisitos de ley y afrontar la impugnación, pero no se les califica méritos.
En todo caso, el reglamento que se emita para integrar las comisiones ciudadanas contemplará los términos o plazos para elegirlos, aunque en anteriores administraciones se tomaban alrededor de cuatro meses.
Dos años de demora
En los últimos cinco años bajo la gestión de dos plenos del CPCCS, se han tardado hasta dos años, como es el caso para las designaciones de los titulares de la Defensoría del Pueblo, de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), o de los miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), de los representantes de la sociedad civil a los Consejos Nacionales para la Igualdad.
Otro ejemplo de cuerpo colegiado que tomó un año en formarse por las pugnas políticas en el interior del Consejo es la actual comisión que aún no termina con la designación de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) como parte de su renovación parcial, que debía hacerse en noviembre del 2021 y en noviembre de 2024, sin éxito.
En noviembre del 2021, en la gestión de Sofía Almeida se llamó a la ciudadanía a ser parte de este organismo y no fue hasta noviembre de 2022 que se posesionaron sus diez comisionados.
Sin embargo, entre el 2022 y el 2024, esa comisión se deshizo por renuncias de varios de sus miembros y recién a mediados de noviembre reactivó el proceso, una vez que el CPCCS posesionó a nuevos perfiles dando quorum para sesionar y adoptar resoluciones.
Entre las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana se estima que contar con un nuevo fiscal general tome entre un año o más, incluso por las acciones jurisdiccionales que suelen interponer los concursantes o terceros interesados en el proceso.
De esa manera, con los plazos que tomará la integración de la comisión ciudadana y luego, el concurso para la elección del reemplazo de la fiscal Diana Salazar, lo que se prevé es que ella se prorrogue en funciones luego del 8 de abril de 2025. (I)