La posesión de los diez miembros de la comisión ciudadana que hará el concurso público de selección del titular de la Fiscalía General del Estado podrá realizarse la tarde de este jueves, luego que se inadmitió la primera acción de protección planteada por un excandidato, por “falta de competencia en razón del territorio”.
La jueza de la Unidad Judicial de la Familia de Guayaquil Ofelia Crespo Zamora inadmitió esta acción constitucional con medidas cautelares que interpuso el abogado Édgar Argüello en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Argüello se postuló a ser parte de la comisión de selección que hará el concurso público para elegir a un fiscal general, pero fue descalificado tras una impugnación de una ciudadana que lo acusó de falta de probidad porque fue candidato a asambleísta en dos ocasiones.
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El CPCCS —con base en un informe elaborado por un grupo de asesores de los siete consejeros, que les dan apoyo ‘técnico’— acogió esta acción y lo descalificó.
En el expediente, este grupo de asesores argumentó que Argüello no presentó pruebas de descargo, pese a que habría sido notificado del recurso en su contra. Recomendaron que se los descalifique.
La fase de impugnación ciudadana se evacuó en noviembre de 2025 y la acción de Argüello se planteó el 18 de enero del año en curso.
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En su escrito pedía a la justicia que se suspenda cualquier actividad relacionada con la designación; y, además, que se retrotraiga (vuelva a hacer) la etapa de escrutinio para que se revisen sus pruebas de descargo.
En esa línea, el accionante reclama la vulneración de sus derechos de participación, a la seguridad jurídica y la falta de motivación por su descalificación.
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La jueza resolvió la causa este 21 de enero de 2026, mientras se encuentra en “modalidad de teletrabajo” por su estado de salud (precisó en su sentencia), y decidió inadmitir el pedido porque el acto impugnado, que es la resolución del CPCCS, se tomó en Quito y no en Guayaquil.
“(...) Del contenido de la demanda constitucional no se desprende carga argumentativa en cuanto a que el acto ni los efectos se hayan producido en esta ciudad de Guayaquil, siendo que además la competencia en razón del territorio de las juezas y jueces que conocen una acción de protección puede extenderse excepcionalmente y dependiendo de la naturaleza del derecho alegado como vulnerado”, esgrimió la jueza en su texto.
Paralelamente, este jueves, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana prevé instalar una sesión extraordinaria para posesionar a los diez comisionados: cinco en representación de la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado, que asumirán la organización del concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir un fiscal del Estado para los siguientes seis años. (I)
