Un Tribunal de Juzgamiento declaró culpables del delito de delincuencia organizada en calidad de líderes, dentro del llamado caso Purga, al exlegislador socialcristiano Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas María Fabiola Gallardo y al exjuez de Guayas Johann Marfetán, y los sentenció a trece años y cuatro meses de prisión y una multa de 40 salarios unificados básicos (SBU), equivalente $ 18.800, además de 20 años de pérdida de derechos de participación.
En tanto que los exservidores judiciales y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Reynaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Nelson Ponce, Henry Taylor, Juan Riofrío, Alberto Lino y Ruth Solano participaron en calidad de colaboradores.
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Los cinco primeros recibieron una pena de nueve años y cuatro meses de prisión, una multa 20 SBU ($ 9.400) y quince años de pérdida de derechos de participación.
El tribunal, en cambio, condenó a un año y cuatro meses de cárcel a Alberto Lino y Ruth Solano por su cooperación eficaz en la causa.
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La audiencia de juzgamiento se reinstaló la mañana de este lunes, 3 de marzo. El tribunal está integrado por los jueces Daniella Camacho, Felipe Córdova y Marco Aguirre.
La jueza ponente del caso, Daniella Camacho, leyó los nombres de cada uno de los procesados y explicó cómo participaron en la red criminal que favorecía a terceros con fallos judiciales a cambio de dinero o prebendas.
Según Camacho, Muentes estuvo al mando de la operación, Gallado fue quien la dirigía y Marfetán se encargó de la planificación. Los otros implicados participaron como colaboradores.
El tribunal consideró que los procesados actuaron “con la voluntad de poner en peligro el bien jurídico protegido de la seguridad pública” y que su accionar fue “doloso”.
Camacho dijo que el delito de delincuencia organizada se encuentra tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Se concreta cuando un grupo de dos o más personas que acuerdan de forma permanente, financian, dirigen o planifican actividades de una organización delictiva para cometer delitos sancionados con más de cinco años de privación de libertad y que tienen el objetivo de beneficiarse económicamente.
En este artículo también se establece la sanción de siete a diez años para quienes dirigen la operación y de cinco a siete años para los que colaboran.
Además, la jueza aclaró que esta norma se tomará en su forma del 2023, que es la que estaba vigente cuando se cometió el delito.
Durante la audiencia se ratificó la inocencia de los exfuncionarios judiciales Andrea Patiño y Saúl Mero, así como de Fausto Alarcón, primo de Muentes.
Asimismo, se detallaron todos los pormenores del caso, al igual que las pruebas que se tomaron en cuenta para la decisión final de la CNJ.
La Fiscalía solicitó que se diera la pena máxima a todos los implicados, ya que cuando se cometieron los delitos eran funcionarios públicos.
En su análisis del caso, la jueza indicó que le llamaba la atención que la Fiscalía no haya investigado como uno de los participantes en el delito al juez Víctor Vaca, quien fue parte del tribunal que tuvo conocimiento de la apelación por el pago de $ 3,9 millones en favor de Muentes de una operación comercial con el Banco del Pacífico.
De igual forma, señaló que el hecho de que la excomunicadora de la Corte de Guayas Mayra Salazar haya colaborado con la justicia en este caso no la exime de su participación en los delitos.
Salazar, quien fue sentenciada en el caso Metástasis, también por delincuencia organizada, ofreció información con la que se empezó la investigación del caso Purga.
A las 12:00, Camacho suspendió la audiencia y dio un descanso de diez minutos.
Tras retomar la reunión, a las 12:57 hubo otra pausa, pues el delegado del Consejo de la Judicatura se desconectó de la audiencia telemática.
Víctor Jácome explicó que tuvo problemas con su conexión a internet y no pudo continuar con la reunión. Ante ello, Camacho le dijo: “Tenga la bondad de bajarse del carro, entrar a una oficina y mantener el respeto a esta audiencia”. Tras varios minutos de desconexión, la jueza pidió a la secretaría que se informe al Consejo de la Judicatura sobre la inconducta del funcionario.
A las 13:08 se conectó Patricio Morales, de la Judicatura, quien se disculpó por la ausencia de Jácome. Camacho preguntó a Morales si también se encontraba conduciendo, a lo que él respondió afirmativamente. “Nos han hecho perder 20 minutos”, resaltó Camacho.
Jácome se conectó a las 13:10 y pudo continuar el proceso. Sin embargo, a las 13:16, Camacho volvió a llamarle la atención y le pidió que fuera a una oficina, a lo que el funcionario respondió que aunque se encontraba en su auto, no estaba conduciendo. (I)