El juez de garantías constitucionales Édgar Romero se tardó una semana exacta en notificarle a la Asamblea Nacional la sentencia con la cual dio paso a la acción de protección que puso la asambleísta oficialista Inés Alarcón y dispuso reactivar los juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso que fueron archivados por la Comisión de Fiscalización luego de que se retiraran las firmas de apoyo.